
El lunes 3 de marzo, desde Ginebra (Suiza), la directora de Operaciones Globales de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Maarit Kohonen, presentó el más reciente informe de su representación en Colombia y expresó su preocupación el incremento de la violencia en el país.
La funcionaria del organismo multilateral señaló durante la tarde que hay un fortalecimiento de los grupos armados en el territorio nacional que ha tenido un recrudecimiento del conflicto.
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“La violencia está afectando desproporcionadamente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas”, citaron de las declaraciones de Kohonen en la emisora Caracol Radio.
También subrayó el creciente dominio territorial que han logrado los grupos armados organizados en varias zonas del país, con los que, además, están obteniendo más dinero para su financiación explotando de manera ilegal los recursos naturales.
Pese a esta complicada situación, la funcionaria reconoció el trabajo que viene desarrollando su representación en Colombia y también al Gobierno Nacional, ya que ahora forma parte del Consejo de Derechos Humanos.
“Quisiera felicitar a Colombia como miembro pleno del Consejo de Derechos Humanos y por su apertura con la Oficina Internacional de Derechos Humanos. No obstante, sigue siendo objeto de gran preocupación la violencia ejercida por los grupos armados no estatales en contra de la población civil, con el fin de ejercer control territorial y explotar economías ilícitas, acabando la gobernabilidad”, refirieron de sus palabras en el periódico regional El País.
Finalmente Kohonen reiteró el llamado para que se continúe implementando el acuerdo de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las Farc y se logre el desmantelamiento de las estructuras armadas que no se acogieron al mismo.
“Instamos al Gobierno a acelerar la implementación del acuerdo de paz, así como la implementación coordinada de las políticas de seguridad, paz total y desmantelamiento”, agregó.
Solicitan medidas urgentes para el Chocó

La crisis humanitaria en el departamento del Chocó, especialmente en la subregión del Medio San Juan, ha llegado a niveles críticos debido a los enfrentamientos entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el Clan del Golfo, según indicó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Desde mediados de febrero, miles de personas han sido desplazadas o confinadas forzosamente, quedando atrapadas en medio de los combates entre estos grupos armados ilegales.
Ante esta situación, la ONU ha exigido acciones urgentes al gobierno de Gustavo Petro para proteger a la población civil, con especial énfasis en las comunidades indígenas y afrodescendientes. En un comunicado, a través de canales oficiales, destacaron la presencia de grupos armados no estatales en distintas zonas del Chocó desde el 26 de febrero, afectando gravemente a las áreas de San Juan, Bajo Baudó y el Litoral del San Juan. “Urgimos al Estado medidas inmediatas de protección”, señalaron en su cuenta oficial.
Los datos proporcionados por la Gobernación del Chocó evidencian la magnitud de la crisis: cerca de 4.000 personas desplazadas y más de 12.000 confinadas, muchas de ellas sin acceso a alimentos, atención médica y otros servicios básicos debido a la violencia constante. Aunque el ELN levantó un paro armado hace dos semanas, sus combates con el Clan del Golfo persisten, agravando la vulnerabilidad de la población local.
Entre las comunidades más afectadas están las indígenas del pueblo Wounaan y los afrodescendientes organizados en el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) y la Juntanza Interétnica del Bajo Calima, ubicadas en municipios como el Medio San Juan. Estas comunidades enfrentan un riesgo significativo por su cercanía a zonas en conflicto y la ausencia de protección estatal adecuada.
La ONU ha insistido en la necesidad de priorizar la protección de estas comunidades, históricamente marginadas, que ahora enfrentan amenazas directas a su integridad física y cultural. Según datos oficiales, la situación en el Chocó no solo pone en peligro la vida de miles de personas, sino que plantea un desafío al Gobierno en su tarea de garantizar los derechos humanos y la paz en estas regiones.
El departamento del Chocó, ubicado en la región del Pacífico colombiano, ha sido históricamente una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado, con una amplia presencia de grupos armados ilegales y problemas estructurales como el abandono estatal y las dificultades de acceso. Esta región sigue siendo un escenario de guerra, con el ELN y el Clan del Golfo compitiendo por rutas estratégicas de narcotráfico y otros recursos, lo que mantiene en riesgo la seguridad de miles de habitantes.
El llamado de la ONU refleja la urgencia de que el Estado adopte una acción inmediata para proteger a las comunidades, pero también subraya que la solución requiere un enfoque integral que aborde las causas estructurales del conflicto y garantice los derechos humanos en todo el territorio nacional.
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