Carlos Fernando Galán denunció posible fraude judicial en resolución para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió con contundencia a la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad, respecto a la resolución emitida por el Gobierno nacional para ordenar la Sabana de Bogotá. El mandatario capitalino señaló que el proceso no es una consulta real, sino una “publicación obligatoria disfrazada de consulta”, lo que podría derivar en un fraude judicial.

A través de su cuenta en X, Galán criticó la manera en que el Ministerio de Ambiente gestionó la medida, afirmando que “esto no es ninguna consulta sino una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial”.

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Además, aseguró que la ministra Muhamad evitó el diálogo con la Administración distrital: “Llevamos meses pidiendo conversar con el Gobierno Nacional y la ministra Muhamad nunca nos quiso escuchar y, antes de irse, dejó sembrada una resolución que paralizaría a Bogotá y afectaría a millones de personas, pero hábilmente presenta la publicación obligatoria para comentarios como una consulta, desconociendo la ley y el Acuerdo de Escazú”.

El alcalde anunció que el miércoles 5 de marzo a las 7:00 a. m. dará a conocer las decisiones tomadas por su administración para defender a Bogotá y a sus ciudadanos frente a la resolución impulsada por el Ministerio de Ambiente.

Por su parte, Muhamad justificó la medida asegurando que responde a una necesidad urgente de armonizar el desarrollo con la protección ambiental en la Sabana de Bogotá. Según el Ministerio, el proyecto de resolución se construyó después de más de un año de estudios técnicos y mesas de trabajo con diferentes actores, incluyendo comunidades, academia y organizaciones ambientales. La consulta estará abierta hasta el 14 de marzo en la página web del Ministerio.

Muhamad enfatizó la importancia ecológica de la Sabana, indicando que esta resolución es clave para “conservar ecosistemas que están degradados, proteger los espacios del agua como límites ecológicos para un buen ordenamiento territorial, y asegurar la destinación agropecuaria y forestal del suelo rural”. Además, la medida busca reglamentar el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 para guiar la transición de la Sabana de Bogotá hacia un desarrollo sustentable.

El Ministerio de Ambiente señaló que la resolución afecta a 35 municipios de Cundinamarca, 4 del Meta y la capital del país, beneficiando a más de 10 millones de habitantes. Entre sus principales lineamientos se encuentran:

• Protección ambiental: se busca garantizar la conservación de zonas de recarga de acuíferos, bosques andinos, humedales y otras áreas sensibles.
• Ordenamiento del territorio alrededor del agua: definir la ronda hídrica del Río Bogotá y orientar la restauración de humedales.
• Protección del recurso suelo: asegurar el uso agropecuario y forestal de las zonas rurales, evitando nuevos procesos de urbanización descontrolada.
• Crecimiento urbano sostenible: fomentar un crecimiento compacto dentro de los actuales perímetros urbanos, evitando la expansión indiscriminada de la ciudad.
• Preservación ecológica en proyectos urbanos y mineros: los proyectos urbanos deben incluir corredores ecológicos y restauración de humedales, mientras que las actividades mineras deben enfocarse en la recuperación ambiental.
• Vulnerabilidad hídrica: se plantea evaluar la declaración del agotamiento de agua en la Sabana y ajustar concesiones para garantizar el derecho al agua.
• Infraestructura y biodiversidad: se proponen medidas para evitar el impacto de construcciones en corredores de especies amenazadas y asegurar que infraestructuras de residuos no afecten áreas de especial importancia ambiental.
• Acceso a la información y participación ciudadana: se fortalecerán redes comunitarias y se fomentará el monitoreo ambiental participativo.

Sin embargo, el cruce de declaraciones entre el alcalde de Bogotá y el Ministerio de Ambiente pone en evidencia la tensión entre el Gobierno nacional y la administración distrital en materia de ordenamiento territorial y protección ambiental. Mientras el Ministerio defiende la necesidad de esta regulación para frenar el deterioro ambiental, Galán insiste en que la medida podría tener implicaciones jurídicas y económicas graves para la ciudad.

Se espera que en las próximas horas el alcalde Galán presente sus decisiones sobre el tema, en lo que podría convertirse en una disputa legal y política de gran impacto para el futuro de la Sabana de Bogotá y su ordenamiento ambiental.