Laura Sarabia quedó sola en su primer intento de acercamiento con el Congreso: casi nadie fue al desayuno organizado por la canciller

La canciller Laura Sarabia quedó prácticamente sola en un desayuno convocado para tender puentes con la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en un evento que evidenció las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, de los 22 congresistas que integran la Comisión Segunda, solo once asistieron al desayuno. Los legisladores que no participaron habrían informado su ausencia con anticipación, lo que, pese al aviso, dejó en evidencia el descontento con la gestión de Sarabia y la política exterior del gobierno de Gustavo Petro.

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Cuatro de los asistentes pertenecían al Pacto Histórico, partido oficialista, y dos al Partido Liberal, que ha mantenido cierta cercanía con el Gobierno. La ausencia de legisladores de partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador fue interpretada como un gesto de rechazo hacia la canciller, quien asumió el cargo hace apenas un mes, en medio de controversias.

El representante Juan Espinal, del Centro Democrático, expresó su negativa a participar mediante un video en redes sociales, afirmando que cualquier diálogo con la canciller debería darse en un debate de control político, no en un evento informal.

“Voy en camino, pero a esperarla en el debate de control político en la Comisión Segunda”, señaló Espinal, dejando claro que su interacción con Sarabia se limitaría a escenarios oficiales.

Otros congresistas, como John Jairo Berrío, del Centro Democrático y Luis Miguel López, del Partido Conservador, también declinaron la invitación, argumentando que la Cancillería debería enfocarse en resolver problemas estructurales de la política exterior, en vez de organizar encuentros que podrían interpretarse como intentos de evitar el escrutinio del Congreso.

Más allá del formato del evento, las críticas a Sarabia se centraron en su idoneidad para el cargo y los escándalos que han rodeado su gestión en distintos cargos públicos.

Espinal advirtió que la política exterior de Petro ha generado tensiones con aliados históricos como Estados Unidos, lo que podría poner en riesgo acuerdos clave, como el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Los congresistas que sí asistieron destacaron la importancia de mantener el diálogo con la Cancillería: Fernando Niño (Partido Conservador) señaló que Sarabia se comprometió a trabajar en acciones concretas para proteger a los migrantes colombianos en el exterior y fortalecer las relaciones diplomáticas. Sin embargo, subrayó que, más allá de la disposición al diálogo, el Congreso seguirá ejerciendo control político.

Como telón de fondo de estas tensiones, Laura Sarabia acudió desde las 8:00 a. m. al búnker de la Fiscalía para declarar dentro de una de las investigaciones que se le sigue a la campaña presidencial de 2022 con la que Gustavo Petro llegó al poder, en la cual, según denuncias en poder de las autoridades, se habría presentado una financiación irregular.

Al finalizar la diligencia, su abogado defensor, Jorge Mario Gómez, emitió un comunicado público en el que explicó que su cliente “reiteró que nunca participó en la recaudación o manejo de recursos, ratificando que el candidato fue enfático en que todos los aportes económicos debían ser gestionados y recibidos únicamente por el gerente de campaña”.

Laura Sarabia acudió ante la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema no como investigada, sino como testigo que dio su versión, sobre la cual hasta el momento no se le ha hecho un nuevo llamado para que vuelva a declarar.

Según Gómez, la única función que tuvo la canciller en la precampaña, en la consulta y en la campaña de Gustavo Petro fue meramente secretarial y logística, llevando la agenda privada del ahora presidente. “No hizo parte de los cuadros directivos, administrativos ni financieros de la campaña”, cerró el penalista.

Por último, la defensa de Sarabia señaló que ella “informó sobre el procedimiento que se adelanta desde septiembre de 2023 con apoyo a la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía, por hechos de violencia política contra la mujer, y que es monitoreado desde el 2023 por la Cidh”.

Este proceso judicial, aunque aún en curso, suma más presión a la canciller, quien intenta mantener la estabilidad en la Cancillería mientras lidia con las tensiones políticas internas y las investigaciones que persiguen a figuras clave del gobierno Petro.