Un caso que pone en entredicho la integridad dentro del sistema penitenciario colombiano salió a la luz.
Harold Steven Izquierdo Carmona, un auxiliar bachiller del cuerpo de custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue sancionado con destitución e inhabilidad por 17 años tras ser hallado responsable de introducir drogas al complejo carcelario y penitenciario de Ibagué.
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Según informó la Procuraduría General de la Nación, el funcionario intentó ingresar 32,9 gramos de anfetaminas en polvo al recinto penitenciario, distribuidos en 49 papeletas.
De acuerdo con la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2023, cuando Izquierdo Carmona fue interceptado al intentar ingresar al complejo penitenciario con una sustancia de color rosado. Tras ser sometida a análisis, se confirmó que se trataba de anfetaminas con anillo sustituido, una droga sintética de alta peligrosidad.
La sustancia estaba empaquetada en tres envoltorios y dividida en pequeñas dosis, lo que sugiere que podría haber sido destinada a su distribución dentro del centro carcelario.
El Ministerio Público determinó que el comportamiento de Izquierdo Carmona constituye una violación directa a los principios de transparencia y legalidad que rigen su cargo como miembro del cuerpo de custodia del Inpec.
Según detalló la Procuraduría, el funcionario tenía pleno conocimiento de que portaba una sustancia ilícita y, aun así, intentó ingresarla al recinto penitenciario, lo que representa un incumplimiento flagrante de las responsabilidades inherentes a su rol.
El ente de acusador calificó la falta cometida como gravísima a título de dolo, lo que implica que el funcionario actuó con intención deliberada de cometer el acto ilícito. Esta decisión, tomada en primera instancia, puede ser apelada ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento, según lo establece el procedimiento disciplinario.
El complejo carcelario y penitenciario de Ibagué, donde ocurrieron los hechos, es una instalación de alta y media seguridad que alberga a internos bajo estrictas medidas de control.
La introducción de sustancias ilícitas en este tipo de recintos no solo representa un delito, sino que también pone en riesgo la seguridad interna y la rehabilitación de los reclusos. Este caso evidencia una vulnerabilidad en los controles internos y plantea interrogantes sobre la confiabilidad de los funcionarios encargados de velar por el orden en estos espacios.
La sanción impuesta a Izquierdo Carmona busca enviar un mensaje contundente sobre la importancia de mantener la ética y la legalidad en el ejercicio de funciones públicas. La destitución y la inhabilidad por 17 años para ejercer cargos públicos son medidas ejemplares que reflejan la gravedad de la conducta y su impacto en la confianza ciudadana hacia las instituciones penitenciarias.
El fallo emitido por la Procuraduría General de la Nación es de primera instancia, lo que significa que el sancionado tiene la posibilidad de presentar una apelación. En caso de hacerlo, el caso será revisado por la Procuraduría Delegada de Juzgamiento, que determinará si confirma, modifica o revoca la decisión inicial.
Mientras tanto, este caso se suma a otros incidentes que ponen en evidencia la necesidad de reforzar los controles y la supervisión dentro del sistema penitenciario colombiano. La introducción de drogas en cárceles no solo alimenta redes de tráfico interno, sino que también genera conflictos entre los internos y dificulta los procesos de resocialización.
La Procuraduría General de la Nación reiteró la importancia de que los funcionarios públicos actúen con apego a los principios de legalidad y transparencia. Este caso, que involucra a un miembro del cuerpo de custodia del Inpec, subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir actos de corrupción y garantizar el cumplimiento de las normas en todos los niveles del sistema penitenciario.
La sanción impuesta a Harold Steven Izquierdo Carmona no solo busca castigar una conducta individual, sino también establecer un precedente que refuerce la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de administrar justicia y seguridad en el país.
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