Suspenden a la representante a la Cámara Ángela María Vergara por conflicto de intereses

La Procuraduría General de la Nación suspendió temporalmente a Ángela María Vergara González, actual representante a la Cámara por Bolívar y exedil de la Localidad 1 de Cartagena. La medida responde a un conflicto de intereses ocurrido durante su gestión en el Concejo de Cartagena, donde no se declaró impedida para participar en la elección del alcalde de su localidad en 2020, a pesar de que uno de los candidatos era su primo.

Los hechos que fueron calificados como ”graves cometidos con culpa grave”, resaltan las implicaciones éticas y legales que debe afrontar cualquier servidor público en situaciones donde se ve comprometida la imparcialidad.

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La investigación de la Procuraduría se originó a raíz de un incidente ocurrido en febrero de 2020, cuando la Junta Administradora Local de Cartagena debatió y votó la conformación de la terna para la elección del alcalde de la localidad. En ese proceso, Vergara González participó activamente sin haberse declarado impedida, a pesar de que uno de los candidatos a la alcaldía era su primo. Según el fallo de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, su actuación violó los principios de moralidad e imparcialidad que rigen la función administrativa, afectando el interés general al no declarar su conflicto de intereses.

“La entonces edil actuó en contra del ejercicio de la función administrativa y las finalidades propias del cumplimiento de sus deberes públicos, los cuales deben satisfacer el interés general y no intereses privados y particulares”, señaló la Procuraduría en su fallo.

Además, el órgano de control explicó que la omisión de la declaratoria de impedimento por parte de Vergara González vulneró garantías fundamentales del ejercicio público, en especial la imparcialidad, al no impedirse de un proceso donde se encontraba comprometida su objetividad.

Como consecuencia, se le impuso una sanción de suspensión por dos meses. Sin embargo, debido a que la exedil ya no ocupa su cargo en el Concejo de Cartagena, la sanción se traduce en el descuento del valor equivalente a los salarios u honorarios que Vergara González devengaba en 2020, año en que ocurrieron los hechos.

Aunque el fallo fue dictado en primera instancia, la defensa de Vergara González presentó un recurso de apelación, por lo que la sanción no se considera definitiva hasta que se resuelva dicho trámite. De este modo, la actual representante a la Cámara, que continúa ejerciendo su cargo, sigue a la espera de la resolución final por parte del órgano de control.

El caso de Ángela María Vergara no se limita a esta sanción por conflicto de intereses. En abril de 2024, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la acusó por el presunto delito de cohecho impropio, relacionado con una supuesta práctica de dádivas y participación en contratos durante la campaña electoral a la Alcaldía de Cartagena de 2016. Según las investigaciones, Vergara González habría pactado la entrega de beneficios para favorecer a uno de los candidatos a la alcaldía de Cartagena, mientras se desempeñaba como edil de la localidad.

A pesar de la acusación, la Corte no impuso medida de aseguramiento en su contra, lo que ha dejado la situación jurídica de Vergara González en un estado de incertidumbre. Las investigaciones continúan, mientras la congresista mantiene una postura activa en la política nacional, como parte de la bancada conservadora.

Ángela María Vergara González comenzó su carrera política en 2012, cuando asumió un cargo en la Alta Consejería para la Juventud de Bolívar, bajo la Gobernación de Juan Carlos Gossaín. Desde entonces, Vergara ha sido una figura política prominente en Cartagena, con tres periodos consecutivos como edilesa en la Localidad Histórica y del Caribe Norte.

Durante su tiempo como edil, entre 2015 y 2021, se destacó por su cercanía con sectores políticos regionales y su vinculación con personajes influyentes, como su padre, Rafael Nilo Vergara, que también aspiró a la Asamblea de Bolívar, y su esposo, Jorge Alonso Useche, un exconcejal vinculado a un escándalo de corrupción en la Alcaldía de Cartagena.

A pesar de los desafíos legales y las controversias que han marcado su carrera, Vergara González logró un escaño en la Cámara de Representantes en 2023, tras la renuncia de Yamil Arana, que pasó a ocupar la Gobernación de Bolívar. En su tiempo en el Congreso, ha mantenido una línea política independiente, mostrando su oposición al Gobierno de Gustavo Petro en temas como la reforma de la salud, pero a la vez apoyando otras iniciativas como el Plan Nacional de Desarrollo y los avances en la jurisdicción agraria.