La Fiscalía General de la Nación ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que investigue a 28 congresistas por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Esta acción se deriva del testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien habría proporcionado información clave sobre las irregularidades. Este escándalo podría superar en magnitud al de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según fuentes citadas por el medio.
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La solicitud fue presentada por María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema y líder del Grupo de Tareas Especiales que coordina el macroproceso por corrupción en la Ungrd. Según detalló La FM, la compulsa de copias ya fue remitida a la Secretaría de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César Reyes, quien deberá asignar por sorteo al magistrado ponente encargado de adelantar las indagaciones preliminares.
De acuerdo con La FM, el testimonio de Benavides mencionó a varios senadores y representantes de distintas bancadas políticas. Entre los congresistas señalados se encuentran nombres como Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda, Wilmer Ramiro Carrillo, Daniel Restrepo, Wadith Peinado, Juan Diego Muñoz, Wilmer Castellano, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar, Milena Jaraba, Sandra Aristizábal, Kellyn Johana González, Yamil Arana, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico y Willmer Yesid Guerrero.
Asimismo, entre los senadores mencionados figuran Juan Diego Echavarría, Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Pablo Gallo, José Alfredo Gnecco, Liliana Bitar y Karina Espinosa. Según el medio, estos nombres habrían sido señalados por Benavides durante su declaración ante las autoridades.
La compulsa de copias enviada a la Corte Suprema busca determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra los congresistas mencionados.
El magistrado que resulte asignado deberá adelantar una indagación previa para evaluar la viabilidad de vincular a los implicados mediante indagatoria. Este procedimiento es clave para establecer si las acusaciones tienen sustento legal y probatorio.
Blu Radio informó que María Alejandra Benavides, quien ha sido pieza central en este caso, estaría en conversaciones con la Fiscalía para negociar una eventual inmunidad judicial. La exasesora busca convertirse en testigo clave a cambio de colaborar con la justicia. Según fuentes citadas por el medio, esta negociación podría concretarse a través de un preacuerdo que incluiría el reconocimiento de varios delitos a cambio de su cooperación eficaz.
El caso de corrupción en el Invías podría tener un impacto significativo en el panorama político del país, dado el número de congresistas involucrados y la gravedad de las acusaciones. Según destacó Blu Radio, este escándalo podría superar en magnitud al de la Ungrd, que ya había generado un fuerte revuelo en la opinión pública por las irregularidades detectadas en la gestión de recursos destinados a la atención de emergencias.
El Grupo de Tareas Especiales liderado por la fiscal María Cristina Patiño ha sido clave en la investigación de ambos casos, lo que refleja el compromiso de la Fiscalía por desentrañar las redes de corrupción que afectan a las instituciones públicas. Sin embargo, el desenlace de este proceso dependerá de las pruebas que se logren recolectar y de las decisiones que adopte la Corte Suprema en las próximas etapas.
El testimonio de Benavides no solo ha puesto en el centro del debate a los congresistas mencionados, sino que también ha generado interrogantes sobre la transparencia en la adjudicación de contratos públicos. Según La FM, las irregularidades detectadas en el Invías podrían ser solo la punta del iceberg de un esquema de corrupción más amplio que involucra a diferentes actores políticos y administrativos.
Además, el caso plantea un desafío para las instituciones judiciales, que deberán actuar con celeridad y rigor para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la ley. La posibilidad de que Benavides se convierta en testigo clave podría ser un factor determinante para esclarecer los hechos y avanzar en las investigaciones.
Por ahora, la atención está puesta en la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir los próximos pasos en este proceso. Mientras tanto, la opinión pública sigue de cerca el desarrollo de este caso, que podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y judicial del país.
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