Adres giró $7,34 billones en enero y duplicó transferencias directas a hospitales y clínicas en Colombia

La financiación del sistema de salud ha sido un tema recurrente en el debate público, especialmente por las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a tratamientos, medicamentos y atención oportuna.

Mientras las EPS argumentan que la crisis financiera es grave y afecta los pagos a hospitales, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) sostiene que los recursos han sido entregados.

Este jueves 27 de febrero, la entidad anunció que en enero se realizaron giros por $7,34 billones, lo que, según sus declaraciones, debería garantizar la prestación de los servicios en el país.

Dentro de esa suma, $3,57 billones fueron destinados al régimen subsidiado. De ese monto, $2,58 billones se asignaron a 3.348 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores mediante giros directos. Además, más de $983 mil millones fueron enviados a las EPS, encargadas de distribuir estos recursos.

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Por su parte, el régimen contributivo recibió $3,69 billones. De esa cantidad, $2,31 billones fueron girados directamente a 2.774 IPS y proveedores de salud, mientras que las EPS administraron los restantes $1,38 billones.

El informe también señala que, en enero, la Adres destinó más de $146 mil millones para cubrir incapacidades por enfermedad general. De ese monto, $44 mil millones se asignaron a estrategias de promoción y prevención de enfermedades. Además, más de $98 mil millones se usaron para cubrir 10.591 licencias de maternidad, 6.764 de paternidad y 93 fallos de tutela que ordenaban pagos a afiliados del sistema de salud.

En medio del debate por la financiación del sector, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), a través de la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno garantice los pagos a las EPS intervenidas. Según la organización, estas entidades siguen prestando el servicio a los pacientes, a pesar de que enfrentan deudas que alcanzan los $2,2 billones, de los cuales $1,9 billones corresponden a cartera vencida.

Mientras el Gobierno y las entidades del sector discuten sobre el flujo de recursos, los ciudadanos siguen reportando demoras y fallas en la atención médica, lo que mantiene vivo el debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.

La Corte Constitucional determinó que el Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la dirección de Guillermo Jaramillo, no logró justificar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024.

En consecuencia, ordenó al ministerio realizar los ajustes pertinentes, abarcando también el monto asignado para 2025.

Esta decisión se produce cuando las entidades del sistema de salud, especialmente las EPS, han manifestado que los recursos públicos disponibles no son suficientes para garantizar la atención adecuada a los usuarios.

A pesar de la orden de la Corte Constitucional de ajustar la UPC para 2024 y 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó la nulidad del Auto 007 de 2025, que fue emitido por el alto tribunal para ordenar dichos reajustes.

La representante a la Cámara Katherine Miranda lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional y dijo que era “evidente la burla hacia las Altas Cortes”.

Frente a estas palabras el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego no se quedó callado y le contestó a la legisladora que “usted representante debería ayudarnos en vigilar que no haya existido irregulares con el uso del dinero público”.

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La congresista Katherine Miranda en su publicación acusó al Gobierno de no gobernar en democracia ni respetar la separación de poderes, afirmando que en lugar de seguir los principios constitucionales, actuaban como si fueran una “todo poderosa dictadura”.

“¡Es increíble y evidente la burla hacia las Altas Cortes, no gobiernan en democracia y respeto a la separación de poderes, creen que son una todo poderosa dictadura!”, aseveró la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

En respuesta a las críticas de Katherine Miranda, el presidente Gustavo Petro aclaró que la orden recibida por el Gobierno es iniciar una mesa de diálogo para acordar el valor de la UPC. En ese sentido, enfatizó que todas las EPS de Colombia deben proporcionar, de manera veraz y oportuna, los datos precisos sobre los gastos realizados con los recursos públicos transferidos desde 2021. “Estoy a la espera de la información”, agregó el presidente, señalando que este proceso es clave para avanzar en la negociación.