Hermano de lobista en el escándalo de corrupción en salud fue designado en importante cargo diplomático

En medio del escándalo por el desvío de recursos del sistema de salud colombiano hacia paraísos fiscales, se ha conocido que el hermano de uno de los protagonistas del entramado fue nombrado en un cargo diplomático.

Este nombramiento ha generado cuestionamientos sobre posibles conexiones políticas y la influencia de altos funcionarios en el manejo de cargos diplomáticos.

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W Radio reveló recientemente un complejo esquema de presunta corrupción en el que 18 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) habrían desviado recursos públicos destinados a la salud hacia una empresa de papel en España llamada Venum Investment. Esta compañía, que es propietaria de varias clínicas y hospitales en Colombia, estaría sirviendo como vehículo para el lavado de dinero a través de transacciones con paraísos fiscales.

Según la investigación, el grupo empresarial, compuesto por clínicas, centros de análisis médicos, farmacias y otros operadores de salud, se habría consolidado en menos de cuatro años bajo la estructura de una empresa fantasma. Las IPS involucradas habrían recibido pagos extraordinarios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) manejadas por Mario Urán, un conocido lobista del sector salud. Este flujo de recursos favoreció a las IPS privadas mientras los hospitales públicos enfrentaban una grave crisis financiera.

A finales de 2024, Luis Carlos Leal, entonces superintendente de salud, advirtió al presidente Gustavo Petro sobre el posible desvío de recursos a través de EPS como Coosalud y otras dos entidades intervenidas. Sin embargo, su denuncia no tuvo el eco esperado. A los pocos días, al superintendente Leal le pidieron la renuncia y su indagación, que apenas comenzaba, quedó en suspenso. Según el medio citado, fuentes de la Presidencia aseguraron que la salida de Leal se dio por la preocupación de un cercano al presidente respecto a los hallazgos relacionados con las IPS.

En este contexto, el reciente nombramiento de Jorge Andrés Marín Barbosa como segundo secretario de Relaciones Exteriores en Barcelona ha encendido las alarmas. Su hermano, Jhon Mauricio Marín, expresidente de la Fiduprevisora, había sido designado en su cargo por el Partido de la U bajo un acuerdo con el Gobierno Petro.

El decreto de nombramiento, firmado el 27 de noviembre de 2024 por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, señala que Marín Barbosa fue designado en provisionalidad bajo el principio de especialidad que permite nombramientos externos en la Carrera Diplomática y Consular cuando no es posible proveer dichos cargos con funcionarios de carrera. No obstante, la crítica se centra en que, aunque el nombramiento cumple con los requisitos legales, podría responder a intereses políticos más que a una verdadera necesidad administrativa.

La situación se complica aún más debido a que Marín Barbosa ahora es subordinado de Laura Sarabia, que también fue mencionada en la investigación de W Radio por fuentes de la Presidencia. Aunque no se han presentado pruebas directas de su implicación en el escándalo de corrupción, la coincidencia ha levantado sospechas en la opinión pública.

El presunto desvío de recursos de la salud hacia empresas de papel en el extranjero tiene consecuencias graves para el sistema de salud colombiano. Mientras clínicas y hospitales privados prosperan con pagos anticipados y jugosos contratos, los hospitales públicos luchan por mantenerse operativos. Esta desigualdad en la distribución de recursos atenta contra el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.

Por otro lado, el manejo de cargos diplomáticos bajo posibles influencias políticas podría afectar la credibilidad de la Cancillería colombiana y de la política exterior del país, pues la diplomacia requiere de profesionales con formación y experiencia en el servicio exterior, y el uso de estos cargos como cuotas políticas podría deteriorar la representación de Colombia en el ámbito internacional.

Mientras tanto, la opinión pública y los sectores políticos críticos del Gobierno han exigido explicaciones claras y una investigación exhaustiva para evitar que este escándalo quede en la impunidad.