Violencia en Buenaventura: hay 300 familias confinadas por disputas entre el ELN y las disidencias

Las disputas por tener el control de los ríos del Bajo Calima, en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), tienen en extrema preocupación a sus habitantes que, por segunda vez, se ven obligados a confinarse o desplazarse forzosamente.

Son al menos 300 familias que fueron desplazadas hace dos años a un polideportivo adecuado como albergue en Buenaventura. Debido a las difíciles condiciones, decidieron retornar a sus hogares tras un acuerdo desarrollado en medio de los diálogos con el ELN; no obstante, la violencia se recrudeció, obligándolos a permanecer en sus hogares, pero esta vez en confinamiento.

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A propósito, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que la situación de confinamiento en el Bajo Calima es consecuencia directa de la disputa entre los grupos armados por el control de los ríos que atraviesan esta región, utilizados como rutas estratégicas de conexión hacia el Pacífico.

Afirmó que se trata del ELN y las disidencias de las Farc los grupos que se enfrentan por el dominio de estas vías, lo que ha generado un clima de zozobra para las comunidades locales. Asimismo, enfatizó que la seguridad en el Bajo Calima no puede ser abordada de manera aislada, sino como parte de una estrategia integral que abarque toda la región del Pacífico.

“La gente del Bajo Calima está confinada y está confinada por las actuaciones del ELN y la disputa que hay allí por el control territorial. Necesitamos que el nuevo ministro de Defensa venga al Valle del Cauca y con las autoridades del Pacífico definamos una estrategia de seguridad integral”, enfatizó.

Uno de los pocos líderes del Bajo Calima que se ha atrevido a hablar sobre la situación, bajo condiciones de anonimato, describió un panorama alarmante.

En entrevista con Caracol Radio, el líder denunció que los enfrentamientos armados han dejado a la población en un estado de confinamiento, mientras enfrentan problemas como el reclutamiento de menores, abusos sexuales contra adolescentes y la aparición de cadáveres en los ríos.

“No sabemos quiénes son los victimarios, solo sabemos que aparecen en el río. Ya llevamos cuatro jóvenes o personas que en poco tiempo han aparecido en el río”, relató al medio, el 19 de febrero.

El líder también expresó que muchas familias prefieren permanecer en sus territorios, a pesar de las condiciones de violencia, debido a la falta de atención adecuada para las comunidades desplazadas. “Preferimos a veces aguantarnos ahí en el territorio porque la demanda de atención a una comunidad desplazada tampoco da la cobertura para atender en dignidad a las personas. Resistimos en el marco del silencio”, complementó.

El líder comunitario también cuestionó las propuestas del nuevo Alto Comisionado de Paz, señalando que las proyecciones planteadas no responden a las necesidades inmediatas de las comunidades en crisis.

“Se estaba trabajando con el anterior comisionado de Paz, con el cambio, el nuevo comisionado propuso unas proyecciones para la atención de la comunidad, proyecciones que son para el futuro, y en este momento, cuando unos territorios están en crisis, la atención tiene que ser de inmediata e integral”, apuntó

En un anuncio de la gobernadora Dilian Francisca Toro el 23 de febrero, hizo un llamado con urgencia al Gobierno nacional para que se adelante un proceso de desminado humanitario en la región.

“El desminado humanitario es fundamental, ellos ¿de qué viven? Viven precisamente de poder tener proyectos agrícolas que incluso lo transforman aquí. Pero ¿qué pasa?, si no hay desminado humanitario, ellos no pueden ir al sector rural, ir a donde se está produciendo, porque allí han tenido accidentes muy graves y han tenido muertos precisamente por estas minas, Ese es otro de los pedidos y solicitudes fundamentales de la comunidad del Bajo Calima”, enfatizó la gobernadora.