La frontera entre Colombia y Ecuador se encuentra cerrada en la tarde de este miércoles 26 de febrero de 2025, específicamente en el puente internacional de Rumachica, debido a que los indígenas de Cumbal exigen la reconstrucción de tres puentes provisionales que fueron destruidos por el Ejército de Ecuador.
En la concentración también se encuentra los indígenas Awá, Pastos y Quillasingas. El coronel Jorge Tello, Comandante de la Brigada de Infantería N° 31 de Ecuador confirmó el derrumbe de los tres puentes.
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La embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco Guerrero, anunció que se tomarían medidas diplomáticas luego de que las autoridades ecuatorianas destruyeran dos puentes informales en la frontera con el municipio de Cumbal, en el departamento de Nariño. Estos puentes, ubicados en la jurisdicción del Resguardamiento Nulpe Medio Alto Río San Juan, en la comunidad de El Ojal, eran utilizados de manera irregular como paso fronterizo entre ambos países.
La destrucción, llevada a cabo mediante explosivos controlados, generó una pronta reacción de las autoridades colombianas.
El 21 de febrero, la embajadora Velasco emitió una carta oficial dirigida al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, y al secretario de Gobierno del departamento, Benildo Estupiñán Solís. En ella, se comunicó que las Cancillerías de Colombia y Ecuador habían iniciado contactos para informar sobre los hechos ocurridos en la frontera, y para explorar las posibles vías de resolución diplomática.
Los puentes, construidos por las comunidades locales mediante mingas, eran de uso exclusivo de los residentes fronterizos y no contaban con autorización oficial para su funcionamiento.
La misiva subrayó que la demolición de estos puentes podría tener consecuencias negativas para las relaciones entre ambos países, especialmente considerando que habían sido parte de un vínculo histórico de cooperación y hermandad entre las comunidades ecuatorianas y colombianas.
La embajadora Velasco también destacó que, hasta el momento, se esperaba una respuesta oficial por parte de las autoridades ecuatorianas, al tiempo que agradeció el apoyo de las autoridades colombianas para gestionar la situación.
El mismo día, la Alcaldía de Cumbal, a través de un comunicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter), expresó su enérgico rechazo a la destrucción de los puentes, calificándola como una acción unilateral tomada por el Ejército ecuatoriano. En este mensaje, el alcalde Héctor Andrés Tapie Alpala afirmó que la demolición había sido realizada sin consulta previa, lo que consideró una violación del principio de cooperación bilateral y de los derechos de las comunidades fronterizas.
Tapie recalcó que estos puentes habían sido símbolos de unión y cooperación entre los pueblos de Colombia y Ecuador, y que su destrucción perjudicaría gravemente a las comunidades que dependían de ellos para su movilidad, el comercio y el acceso a servicios básicos.
El alcalde añadió que la demolición contravenía el marco jurídico internacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y tribales, que establece el derecho de las comunidades a ser consultadas sobre decisiones que afecten sus territorios. Según Tapie, esta falta de consulta previa constituía una grave violación de dicho convenio, ratificado tanto por Colombia como por Ecuador.
También argumentó que la destrucción de los puentes vulneraba principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, que protege a las comunidades civiles y prohíbe la destrucción de infraestructuras esenciales para su bienestar.
La administración de Cumbal solicitó a las autoridades ecuatorianas la apertura de un espacio de diálogo para encontrar soluciones pacíficas y amigables que permitan restaurar las relaciones y garantizar el respeto a los derechos de las comunidades afectadas.
En paralelo, el intendente general de la Policía Nacional del Ecuador, Alexis Enríquez, ofreció una explicación sobre la operación que condujo a la demolición de los puentes. Enríquez explicó que estos pasos irregulares eran utilizados para actividades ilícitas, como la minería ilegal y la extorsión a ciudadanos ecuatorianos.
Además, destacó que, junto con el Ejército, se desplegó personal especializado en ingeniería para realizar la destrucción de los puentes sin causar daños a las áreas circundantes, asegurando que únicamente se inhabilitaran los pasos no autorizados.
La situación ha generado tensiones en la zona fronteriza, dada la importancia de estos puentes para la movilidad y los intercambios sociales y comerciales entre las comunidades de ambos países. La respuesta diplomática de Colombia refleja la gravedad de la situación y subraya la necesidad de una solución que considere tanto los aspectos de seguridad como los derechos humanos y la cooperación binacional.
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