La defensa del exsenador Álvaro ‘el Gordo’ García, condenado a 40 años de prisión por el delito de desplazamiento forzado agravado, relacionado con la masacre en Macayepo, un corregimiento de los Montes de María, presentó un documento de 25 páginas a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justica para revisar su condena, debido a que el alto tribunal revivió el proceso del exministro Saulo Arboleda.
La decisión del alto tribunal se produjo tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó que Arboleda tenía derecho a apelar su condena, algo que no se le permitió en su momento.
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La Sala Penal del alto tribunal se reunió de manera extraordinaria para definir el procedimiento que permitirá reexaminar la sentencia emitida en el año 2000.
Así las cosas, la defensa del exsenador ‘el Gordo’ García argumento lo siguiente: “En el año 2018 se implementa la garantía de la doble conformidad, en especial para los aforados constitucionales. En vista de lo anterior, en reciente pronunciamiento de la Corte IDH en el caso Arboleda Gómez vs. Colombia, se conminó al Estado colombiano a permitir la doble conformidad”.
Y agregan en el documento revelado por Semana: “El Estado colombiano, por vía de su rama judicial, en la administración de Justicia, tiene el deber y la obligación de garantizar la doble conformidad y/o el derecho de impugnar la primera sentencia condenatoria dentro de un proceso. De allí que con esta garantía se materializan los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, derechos que hoy manifiesto que se están viendo cercenados”.
La Corte Suprema de Justicia le ha negado en dos ocasiones la libertad, porque según el alto tribunal es “un peligro para la comunidad, pues su reconocida y marcada influencia a nivel regional permite afirmar que subsiste la posibilidad de continuar implementando hegemonías para el manejo de los territorios de manera irregular”.
Detalles del caso de Saulo Arboleda
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitido en diciembre del año pasado, establece un hito en el sistema judicial colombiano al marcar la primera vez que la Corte Suprema revisará una sentencia de más de 20 años. Esta decisión subraya la relevancia de garantizar el derecho a la doble instancia en los procesos judiciales, un derecho que no estaba contemplado en la Constitución colombiana cuando Saulo Arboleda fue condenado.
El proceso de reabrir el caso no será sencillo. Fuentes judiciales señalaron que, debido al paso del tiempo, el expediente original de 25 años podría estar incompleto. Por ello, la Sala Penal solicitó que la Secretaría de la Corte Suprema remita el expediente completo y, en caso de faltar documentos, se procederá a reconstruirlo con los archivos de la Fiscalía y la misma Corte. Este será el primer paso antes de asignar un magistrado ponente y permitir que las partes involucradas presenten sus argumentos nuevamente.
En 2000, Saulo Arboleda, quien fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Ernesto Samper, fue condenado a 56 meses de prisión por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos. La Corte Suprema determinó que Arboleda adjudicó una emisora radial en Cali al periodista José Escobar, siguiendo una recomendación del entonces ministro de Minas, Rodrigo Villamizar. Aunque Villamizar fue absuelto, el caso de Arboleda continuó hasta su condena en única instancia.
A lo largo de los años, Arboleda intentó apelar la sentencia, pero la Corte Suprema rechazó sus recursos, argumentando que no se podía revisar la decisión, según la Constitución de la época. Esto lo llevó a presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002, lo que culminó en el fallo de la Corte IDH en 2022.
Aunque la Corte aclaró que la revisión de la sentencia de Arboleda será excepcional, la decisión ha generado expectativas en otros condenados en única instancia, quienes podrían buscar la reapertura de sus casos, ya sea mediante el sistema internacional o mecanismos como la tutela. Sin embargo, fuentes del tribunal señalaron que cada solicitud será evaluada de manera individual, sin garantizar decisiones similares.
Un caso similar en Colombia fue el de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, cuya condena fue revisada en 2014 por la Corte Constitucional, aunque en ese caso el fundamento fue un cambio en la legislación nacional que permitió la doble instancia en ciertos casos penales.
La revisión del caso de Arboleda no solo brinda una nueva oportunidad al exministro para defenderse, sino que también reabre el debate sobre la necesidad de garantizar el derecho a la doble instancia en todos los procesos judiciales en Colombia. El magistrado José Joaquín Urbano será quien redacte el fallo que definirá el futuro de este caso.
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