Colombia enfrenta un panorama complejo en materia de tarifas y calidad de los servicios públicos. Según Camilo Sánchez, el país avanzó significativamente en cobertura, calidad y continuidad en sectores como la energía, el agua potable y las telecomunicaciones, evitando apagones como los que afectan a países vecinos. No obstante, advierte sobre riesgos inminentes si no se toman decisiones acertadas y se garantiza seguridad jurídica para mantener la inversión en el sector.
Uno de los principales problemas identificados es el debilitamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que actualmente opera con un cuórum incompleto, lo que compromete su autonomía. Sánchez señaló que medidas como la reducción forzada de tarifas y la imposición de techos en los mercados pueden generar consecuencias negativas, como la pérdida de seguridad energética y el encarecimiento del suministro. “El comportamiento del gas ha cambiado, y ahora se está importando para sectores que antes no lo requerían, lo que está elevando los costos y afectando a los hogares”, explicó en una entrevista para la revista Semana.
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Las tarifas de los servicios continúan en ascenso debido al aumento de la demanda y la insuficiente oferta de energía y gas. A pesar de las advertencias de empresas y gremios, el Gobierno tomó decisiones que redujeron la disponibilidad del gas local, lo que encareció su transporte y distribución, en especial hacia el centro del país. Además, Sánchez destacó que la falta de pagos de los subsidios por parte del Gobierno agrava la situación, generando riesgos financieros en el sector energético. “Si no se pagan los subsidios y no se revisa la opción tarifaria, el país podría enfrentar un apagón”, alertó.
El déficit en el pago de subsidios es una de las mayores preocupaciones. Aunque el Ministerio de Hacienda destinó recursos para cubrir parte de la deuda, todavía faltan más de 7,5 billones de pesos para garantizar la estabilidad del sector. Sánchez señaló que no se trata de un regalo, sino del reembolso de recursos ya entregados a los usuarios. “No comprender la importancia de estos pagos pone en riesgo la estabilidad del sistema y podría afectar a pequeñas empresas públicas en regiones como Huila, Putumayo y Chocó, que se endeudaron para cubrir la falta de subsidios”, explicó al medio antes mencionado.
El futuro energético del país también genera inquietudes. La oferta de energía no está creciendo al mismo ritmo que la demanda, y aunque proyectos eólicos y solares en La Guajira se presentan como soluciones, aún no entran en operación. De no implementarse medidas urgentes, Colombia podría enfrentar un apagón en 2026 debido a la falta de generación suficiente. Sánchez advirtió que es necesario pragmatismo en la toma de decisiones y evitar enfoques ideológicos que limiten las opciones de generación disponibles, como el uso de térmicas a gas y carbón.
Otro aspecto crítico es el suministro de agua potable. Un 28% del agua se pierde por fugas en las tuberías y manipulación de medidores. Para mitigar esta problemática, Sánchez propone el uso de tecnología para detectar y reducir pérdidas, además de sanciones por consumo excesivo. También sugiere una revisión en los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 para asegurar que solo quienes realmente los necesiten los reciban.
Finalmente, el sector de telecomunicaciones enfrenta retos derivados de nuevas regulaciones y tributos que pueden desincentivar la inversión. Sánchez insta a que se priorice la estabilidad del sector, se mantengan las condiciones de competencia y se reduzcan las cargas fiscales innecesarias. Como soluciones concretas, propone el cruce de cuentas entre empresas rentables y el Gobierno para aliviar el déficit, la titularización de la deuda para mejorar la liquidez y la inclusión de un artículo en el Congreso que permita recuperar tres billones de pesos esenciales para el sector.
La crisis en los servicios públicos requiere una acción inmediata. Sánchez enfatizó que el Gobierno debe priorizar la técnica sobre la política, garantizar la autonomía de los organismos reguladores y enfocar los esfuerzos en evitar apagones y crisis en el suministro de agua y energía. La estabilidad del sector es clave para la economía del país y el bienestar de los ciudadanos.
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