Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia (Acnudh) puso en evidencia una grave problemática que afecta a comunidades indígenas en los departamentos de Chocó y Risaralda. Se trata del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados ilegales, un fenómeno que sigue siendo una amenaza constante para estas poblaciones y que tiene consecuencias devastadoras.
La Acnudh verificó en 2024 casos alarmantes de niños, niñas y adolescentes indígenas emberas que optaron por quitarse la vida para evitar ser reclutados. Este hallazgo, que forma parte del segundo capítulo del informe sobre violencia territorial, conflicto armado, seguridad y derechos humanos, encendió las alarmas sobre la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de protección para la niñez en estos territorios.
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Las cifras presentadas en el documento revelan que en el último año se registraron 216 casos confirmados de reclutamiento forzado de menores. Entre estos, 118 son niños, 86 son niñas y en 12 casos no se ha identificado el género. Un dato preocupante es que el 58% de estos menores pertenece a comunidades indígenas, lo que refleja el impacto desproporcionado de esta violencia en pueblos originarios.
En este contexto, tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio de Salud y Protección Social señalaron la necesidad de reforzar la protección de la salud mental y emocional de los niños y adolescentes indígenas emberas. “La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud y Protección Social identificaron la necesidad de reforzar la protección de la salud mental y emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas embera en departamentos como el Chocó y Risaralda, debido al registro de casos de suicidio para evitar el reclutamiento u otras formas de violencia asociadas al conflicto”, se detalla en el informe.
Además del reclutamiento, el informe también documentó el uso de castigos físicos como método de coerción y las amenazas dirigidas a menores que intentan desvincularse de estos grupos armados. En algunos casos, se reportaron asesinatos de niños y niñas en el marco del conflicto. Un caso especialmente trágico ocurrió en Guaviare, donde dos menores reclutados fueron torturados y asesinados. “Documentó también el caso de dos niños reclutados que fueron torturados y asesinados en Guaviare. Asimismo, el Acnudh registró amenazas a los familiares de las víctimas después de denunciar los hechos o de tratar de recuperar a niños y niñas”, aseguraron.
A pesar de estos datos estremecedores, la ONU advirtió que la cantidad de casos denunciados es solo una fracción de la realidad. El temor a represalias por parte de los grupos armados ilegales, la normalización de estas prácticas y la falta de confianza en las instituciones llevó a que muchas familias no se atrevan a denunciar estos hechos ante las entidades correspondientes.
El informe también ofrece un análisis más amplio sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2024. Se mencionó el impacto continuo de la violencia territorial y el conflicto armado interno, así como la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, firmado en 2016 con las Farc y la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la ONU señaló que persisten desafíos importantes para lograr una acción gubernamental más coordinada y efectiva.
“Acnudh observó que sigue siendo un desafío generar una acción más articulada y eficaz entre los diversos ministerios y una mayor colaboración entre el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales para fortalecer la gobernabilidad, implementar las referidas políticas y garantizar acciones sostenidas por parte del Estado”, reflexionaron en el documento.
Ante esta alarmante situación, se hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para que refuercen las medidas de prevención y protección dirigidas a la niñez indígena, garantizando no solo su seguridad física, sino también su bienestar emocional y psicológico en un contexto de violencia persistente.
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