La Corte Constitucional ha solicitado una revisión exhaustiva del decreto 0155 de 2025, emitido en el marco de la conmoción interior declarada por la Presidencia de la República debido a la crisis humanitaria y la violencia en el Catatumbo.
Este decreto permite al Fondo de Infraestructura Educativa (Ffie) construir centros de educación básica y superior en esta región, así como en el área metropolitana de Cúcuta y en los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.
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Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos sobre su relación con la situación de violencia que afecta a la zona, según la información de W Radio.
La magistrada Cristina Pardo solicitó pruebas y explicaciones al Ministerio de Educación para determinar la constitucionalidad del decreto. Entre las inquietudes planteadas se encuentra la pertinencia de esta medida para enfrentar la crisis de violencia en el Catatumbo.
La magistrada ha cuestionado cómo la construcción de infraestructura educativa puede contribuir a resolver un problema que, según sus palabras, parece ser de carácter estructural.
El decreto 0155 de 2025 ha sido señalado como una herramienta clave para el Ministerio de Educación, liderado por el ministro Daniel Rojas, quien anunció una inversión millonaria en la región del Catatumbo.
Según el medio citado, esta medida busca cumplir con las directrices del presidente Gustavo Petro para fortalecer el sector educativo en zonas afectadas por la violencia.
Sin embargo, la Corte ha puesto en duda la relación directa entre esta inversión y la crisis de seguridad que motivó la declaración de conmoción interior.
Entre las preguntas formuladas por la magistrada Pardo se destacan:
- “¿Por qué resulta indispensable este decreto para hacer frente a la situación de violencia que vive el país en el Catatumbo?
- “¿Cómo la construcción de una sede de educación superior puede hacer frente a una ola de violencia?”
Otro de los puntos críticos señalados por la magistrada es la falta de claridad sobre el impacto socioeconómico de las obras proyectadas. Según W Radio, la Corte ha solicitado información detallada sobre la demanda educativa en la región, los recursos asignados y la población que se beneficiará de estas construcciones.
Además, se ha cuestionado la habilitación del Ffie para realizar obras de infraestructura en educación superior, ya que esta entidad está tradicionalmente enfocada en preescolar, básica primaria y media.
El medio también reportó que el decreto contempla la construcción de 55 sedes modulares en un plazo de menos de un año y medio, con una inversión superior a los 70.000 millones de pesos. Este ambicioso proyecto ha generado dudas sobre su viabilidad y sobre los mecanismos de administración de los recursos asignados.
Los impuestos decretados por el estado de conmoción interior
El pasado 22 de febrero entraron en vigor tres nuevos impuestos establecidos por el Ministerio de Hacienda, con el propósito de recaudar recursos para enfrentar la crisis social y de orden público en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.
Estas medidas, contempladas en el decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, hacen parte de las acciones excepcionales adoptadas bajo el estado de conmoción interior decretado por el Gobierno nacional. Las disposiciones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.
El origen de las medidas fiscales
El estado de conmoción interior fue declarado el 24 de enero mediante el decreto 062 de 2025, como respuesta a las graves alteraciones del orden público que han puesto en jaque la estabilidad institucional y la seguridad en la región.
Este mecanismo constitucional faculta al Gobierno para adoptar medidas extraordinarias, incluyendo ajustes fiscales, con el fin de restablecer el orden y proteger a la población civil.
El decreto 0175 introdujo tres impuestos temporales y excepcionales que buscan generar ingresos adicionales para atender la crisis. Según el Ministerio de Hacienda, estas medidas permitirán recaudar 1 billón de pesos en los primeros 90 días de su implementación.
Si el estado de conmoción interior se extiende por dos periodos adicionales, como lo permite la Constitución previa autorización del Senado, el recaudo total podría alcanzar los 3 billones de pesos.
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