
José Haxel de la Pava, magistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Barranquilla, envió un documento a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y a los integrantes de persecución de bienes de la dirección de Justicia Transicional, con el objetivo de que investiguen los bienes de los empresarios Rafael Matera Lajud y Alfonso Macías Vargas, por presuntos nexos con paramilitares.
Según Caracol Radio, el documento fue enviado el 7 de febrero de 2025, advirtiendo que en 2022 y 2024 el despacho judicial ya había compulsado copias con el mismo propósito, debido a la declaración que hizo Salvatore Mancuso bajo juramento de gravedad.
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De acuerdo con el exjefe paramilitar Rafael Matera Lajud y el empresario Alfonso Macías Vargas, ambos habrían financiado y auspiciado a los paramilitares.
El paramilitar Juan Francisco Gómez, alias Mario o Alacrán, también aseguró que, presuntamente, sociedades de los citados empresarios habrían servido como sitios de entrenamiento para los paramilitares.
Según el citado medio, el abogado de las familias empresariales, al ser contactado, expresó que no tenía conocimiento de la compulsa de copias y afirmó que “nada tenía que comentar al respecto”.
En 2024, la fiscal Luz Adriana Camargo aseveró que mejoraría los grupos de trabajo de justicia transicional, así como la judicialización de los terceros financiadores de paramilitares con mayor acceso económico. Además, indicó que implementaría inteligencia artificial para rastrear bienes en paraísos fiscales de testaferros.

Recientemente, Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas, informó que la Fiscalía se comprometió a investigar en profundidad la posición de bienes que cumplan con las características para reparar a las víctimas del paramilitarismo: “Dando cumplimento al compromiso adquirido hoy la directora Lilia Solano y la fiscal general Luz Adriana Camargo, sostuvieron una reunión para seguir trabajando en acciones concretas que garanticen la reparación integral a las víctimas”.
El pronunciamiento también señala que la Unidad de Víctimas presentó denuncias por hechos que estarían afectando a las víctimas: “La Fiscalía intensificará acciones para identificar y recuperar bienes no reportados en el Fondo de Reparación. ¡Garantizar que estos bienes cumplan su vocación reparadora es un compromiso con las víctimas!. Hemos presentado denuncias contundentes contra actos de corrupción que afectan recursos de las víctimas. Hoy se adelantan las investigaciones por parte de la Fiscalía. Reparar no es solo un mandato legal, ¡es un compromiso ético!”.

Asimismo, el ente indicó que la justicia en este caso debe ser enfocada en el género, puesto que hay más de 39.000 mujeres que fueron violentadas sexualmente, según el Registro Único de Víctimas, por lo que solicitaron al ente judicial avanzar con celeridad en las investigaciones pertinentes.
En el pronunciamiento se lee que se estableció una hoja de trabajo en coordinación entre las dos entidades con el fin de dar cumplimiento a las víctimas que el paramilitarismo dejó en el conflicto armado: “La reunión dejó como resultado una hoja de ruta clara para fortalecer la coordinación entre la Unidad y la Fiscalía”.
La importancia de este proceso, indicó la funcionaria, radica en que “es una tarea pendiente que no se está haciendo”. También criticó las funciones a las que se han sometido los gestores, puesto que no estarían cumpliendo con lo que en verdad importa para los afectados: “Una cosa es decir ‘nos ponemos a la orden del presidente’, pero lo que tienen que hacer es estas dos tareas fundamentales para las víctimas y yo creo que lastimosamente esta pacto de silencio que hubo en la historia, hoy continua”.
También agregó que los bienes que tienen los paramilitares no se han cuantificado por lo grandes que son y que las AUC podrían compararse con una gran empresa: “Fue casi que una empresa de bienes capitales del narcotráfico, gigante, no se ha podido cuantificar, que había podido equipararse como una de las grandes empresas del país”.
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