Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Alfredo Arévalo Arévalo, conocido como alias El Italiano, quien sería presunto cabecilla del frente Nicolás Antonio Urango Reyes del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo en el departamento de Atlántico.
Durante la audiencia, el juez avaló los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación para que este hombre, junto con otros nueve integrantes de la estructura armada, fueran enviados a prisión por los delitos homicidio selectivo, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y cobro de extorsiones.
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Según la investigación adelantada por el ente acusatorio, alias El Italiano habría liderado los ataques contra la población civil de Barranquilla y los municipios de Sabanalarga, Luruaco, Repelón, Juan de Acosta y Piojó, entre ellos, las arremetidas contra los funcionarios de la empresa de giros y pagos Supergiros, ocurridos en el mes de noviembre de 2024.
“Mediante actividad de escucha y análisis de comunicación, presume que la línea telefónica insertada es de una persona de timbre de voz masculino identificado como Luis, alias ‘Italiano’. Igualmente, con aspecto de interés, se presume que el grupo armado de alias ‘Italiano’ estaría formado aproximadamente por más de 15 personas”, dijo la fiscal del caso durante la audiencia.
Alias El Italiano había sido capturado en julio de 2024, pero recobró su libertad en septiembre de ese mismo año por decisión de un juez. No obstante, el sujeto fue recapturado en diciembre de 2024 por la Policía de Atlántico.
Los otros procesados por los delitos mencionados fueron Astrid del Carmen Zabaleta Gil; Martha Isabel Morelo Conde, alias Sharon; Gabriel Enrique Doria Ayazo, alias Farata; Eder Orozco Simonds, alias Negrito; Carlos Enrique Sehuanes Pérez, alias Teo; Miguel Ángel Gil Agudelo; Keller Rafael Rúa De la Hoz, alias Buo; Pablo Joaquín Rodríguez Vargas, alias Pirry, y Nelson Enrique Blanquicet Trujillo, alias Compadre, quienes fueron cobijados con medida de detención intramural.
Además, el juez ordenó medida de detención domiciliaria contra Edwin Alberto Palmera, alias Flaco Negrito; Karolay Andrea Freile Barranco; Víctor Hugo Arévalo; Jader José Acosta, alias Acuaman y José Manuel Arévalo.
Ataques contra Supergiros en el Caribe
Desde el pasado 4 de noviembre de 2024, se conoció el primer homicidio contra una mujer que ejercía como operadora de la empresa Supergiros en el municipio de Bosconia (Cesar), tras negarse a una cuota extorsiva.
Tras el crimen, las autoridades identificaron que el grupo armado que estaría detrás de este violento ataque sería el Clan del Golfo, luego de que la ciudadanía denunciara que en estos puntos de giros y pagos se encontraban con carteles y panfletos intimidatorios contra la entidad.
“Les hacemos llegar este mensaje a todos los Supergiros de Bosconia y sus alrededores. Tienen que estar cerrados o no acatar las órdenes, tendrán que sufrir las consecuencias”, decía el mensaje firmado por el EGC en su momento.
En su momento, la entidad había informado el cierre temporal de 3.000 puntos de servicio en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y La Guajira, “ante la falta de garantías para operar”, según informó Supergiros en un comunicado.
Sin embargo, a finales del 2024, el gerente de Supergiros, Édgar Páez, manifestó que los puntos fueron reabiertos para garantizar la atención de la ciudadanía del Caribe colombiano. “Vamos a terminar este año (2024) haciendo más grande a Supergiros porque es el trabajo de todos nosotros”, dijo el funcionario.
Ante las constantes amenazas por parte de los grupos criminales, las autoridades realizaron un consejo de seguridad en el que acordaron disponer de una mesa de trabajo operacional en el departamento para afrontar los hechos que se estaban registrando en toda la región Caribe. También se inició una investigación para determinar si se trata del mismo grupo delincuencial responsable del crimen ocurrido en el Cesar.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que en octubre de 2023 se habían registrado 3.130 víctimas de este delito. No obstante, la estadística se habría incrementado en medio de la tensa situación de orden público que se vive en algunas regiones del país.
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