El Congreso de la República dio un paso significativo en la protección del bienestar animal con la aprobación de la Ley Lorenzo, una normativa que endurece las condiciones para el uso de perros en labores de vigilancia y seguridad privada. Esta nueva legislación introduce una serie de requisitos que las empresas del sector deberán cumplir para garantizar una mejor calidad de vida para los animales empleados en esta tarea.
Actualmente, en Colombia existen 108 empresas registradas que utilizan canes en servicios de seguridad privada. Estas compañías cuentan con aproximadamente 5.895 perros destinados a estas labores en distintas partes del país. Con la entrada en vigencia de la Ley Lorenzo, estas empresas tendrán que adaptar sus operaciones a un nuevo marco regulatorio que prioriza el bienestar animal.
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Uno de los cambios más significativos es la reducción del tiempo de servicio de los perros, que pasará de ocho a seis años. Además, las empresas estarán obligadas a implementar planes de bienestar y retiro para los animales. Estos planes deberán incluir medidas como la garantía de espacios adecuados para el descanso, tiempos de esparcimiento, planes nutricionales de alta calidad y protección contra condiciones climáticas adversas.
Además de los cambios en la duración del servicio, la nueva ley establece que tanto las empresas de vigilancia como aquellas que contraten estos servicios compartirán la responsabilidad del bienestar de los perros. Entre otras medidas, quienes empleen este tipo de seguridad deberán garantizar la disponibilidad de servicio veterinario las 24 horas para atender cualquier emergencia o situación que afecte la salud de los animales.
“Los perros se han vuelto parte fundamental de la sociedad y por eso merecen unas condiciones de vida dignas. Eso es lo que logramos con la senadora Andrea Padilla”, destacó el representante a la Cámara Daniel Carvalho, que impulsó la iniciativa.
Otro de los aspectos clave de la normativa es la creación del Registro Nacional de Perros de Vigilancia y Seguridad Privada, que permitirá un seguimiento más riguroso del historial de cada animal, asegurando así un mejor control sobre su estado de salud y condiciones de trabajo.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en conjunto con las entidades territoriales, será la encargada de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la ley. Para ello, se hará obligatoria la instalación de cámaras de vigilancia en los puestos de trabajo y en los caniles, con el objetivo de monitorear las condiciones en las que se encuentran los perros.
Por otro lado, las personas encargadas de trabajar con estos animales tendrán que capacitarse en etología y bienestar animal a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), lo que garantizará un manejo adecuado y respetuoso de los canes empleados en la vigilancia.
La norma también establece que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá la tarea de desarrollar alternativas tecnológicas para reemplazar progresivamente el uso de perros en actividades de defensa controlada. Esto abre la puerta a nuevas soluciones que reduzcan la dependencia de seres sintientes para labores de seguridad.
En cuanto a la aplicación de la ley, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con el respaldo del Ministerio de Ambiente, tendrá un plazo de seis meses para reglamentar su uso y realizar inspecciones a las empresas del sector. Adicionalmente, un año después de la entrada en vigor, se definirán los lineamientos específicos para los planes de retiro de los perros, garantizando que, tras su período de servicio, reciban los cuidados y el trato digno que merecen.
La Ley Lorenzo representa un avance en materia de protección animal, asegurando que los perros empleados en vigilancia sean tratados con respeto y bienestar. Con su implementación, Colombia se suma a la lista de países que buscan una regulación más estricta para el uso de animales en entornos laborales, marcando un precedente en la legislación de bienestar animal.
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