La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) lanzó una alerta sobre las graves consecuencias que tendrá la decisión del Gobierno de desmontar los subsidios a la tasa de interés para los créditos educativos del Icetex. Según un comunicado emitido por la asociación, esta medida impactará directamente a 327.000 estudiantes y egresados, que enfrentarán aumentos significativos en sus cuotas de pago, además de otras afectaciones que podrían comprometer el acceso y la permanencia en la educación superior.
De acuerdo con Ascun, la eliminación de estos subsidios implica que 18.000 beneficiarios perderán los apoyos relacionados con graduación y excelencia, mientras que 125.000 estudiantes activos verán incrementos sustanciales en las tasas de interés de sus créditos. Asimismo, 184.000 personas que se encuentran en período de amortización deberán asumir cuotas más altas. La asociación subraya que esta decisión afectará especialmente a los estudiantes de los estratos socioeconómicos más bajos, que podrían enfrentar aumentos en sus cuotas de entre el 12,2% y el 17,2% efectivo anual, lo que podría agravar las desigualdades en el acceso a la educación superior.
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Ascun también expresó su preocupación por el posible aumento en los índices de deserción universitaria como consecuencia de esta medida. De acuerdo con cifras del Laboratorio de la Economía en Educación, cuatro de cada diez estudiantes en Colombia abandonan sus estudios antes de completar el décimo semestre. La asociación teme que la eliminación de los subsidios agrave esta problemática, dificultando aún más la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
Además, la asociación señaló que la reducción de créditos educativos para el año 2025 es otro factor que podría limitar el acceso a la educación superior. Mientras que en 2024 se ofrecieron 50.000 créditos, para el próximo año solo se otorgarán 40.000, lo que representa una disminución del 20%. De estos, apenas 5.200 estarán disponibles para el primer semestre, lo que, según Ascun, deja sin opciones a miles de estudiantes que dependen de esta financiación para continuar sus estudios.
Otro punto que generó preocupación en Ascun es la modalidad de los créditos asignados en 2025. Según la asociación, estos se enfocan principalmente en opciones de corto y mediano plazo, dejando de lado los créditos de largo plazo, que son los que históricamente han beneficiado a los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Esta situación, advierte Ascun, podría limitar aún más las oportunidades de acceso a la educación superior para las poblaciones más vulnerables.
En su comunicado, Ascun reiteró su llamado al Gobierno para que rectifique esta decisión, argumentando que las implicaciones de estas medidas tendrán un impacto negativo en la cobertura educativa, los índices de deserción y el derecho a la educación en el país. La asociación enfatizó que estas decisiones no solo afectan a los estudiantes actuales, sino que también tendrán repercusiones a largo plazo en el desarrollo social y económico de Colombia.
La postura del Icetex
En respuesta a las críticas, el Icetex defendió la decisión de eliminar los subsidios, argumentando que esta medida fue implementada como una solución temporal y sin precedentes en administraciones anteriores. Según la entidad, el Gobierno invirtió $438.000 millones entre 2023 y 2024 para subsidiar las tasas de interés, lo que permitió mitigar el impacto de la inflación en los beneficiarios. Sin embargo, debido a la “compleja situación fiscal del país”, no fue posible mantener este apoyo financiero, por lo que los créditos educativos volverán a las condiciones originales pactadas al momento de su aprobación.
El Icetex también destacó que, a través del programa U Solidaria, se busca aliviar parcialmente el impacto de esta decisión. Este programa, que cuenta con la participación de unas 60 instituciones de educación superior, permitirá que los estudiantes en período de estudio tengan tasas de interés limitadas a IPC más tres puntos porcentuales como máximo. Además, estas instituciones asumirán parte de los costos adicionales al IPC, ofreciendo un apoyo financiero a los beneficiarios.
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