Ex jefe paramilitar Jorge 40 recibió nueva condena de 26 años de prisión por el homicidio de una profesora en Valledupar

Como parte de la indagación que se abrió por el crimen de Luz Marina Molina Jiménez, ocurrido el 24 de diciembre de 2001, un nuevo capítulo judicial se escribió en este caso debido a la condena que fue emitida en contra de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, exlíder del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión se tomó por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Valledupar, que dictó una sentencia de 26 años y seis meses de prisión contra el excomandante paramilitar, que fue hallado culpable de homicidio con arma de fuego, entre otros delitos.

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Según informaron varios medios regionales en la costa Caribe colombiana, el crimen tuvo lugar en la zona rural de Valledupar, frente a la finca Los Taparitos, en jurisdicción del poblado de La Mesa (Cesar).

La víctima, una docente y promotora de salud que trabajaba en el corregimiento de Azúcar Buena, fue interceptada mientras se desplazaba en una camioneta junto a su hija menor de edad. Los atacantes, miembros del frente Mártires del Valle de Upar, la obligaron a descender del vehículo, la arrodillaron y le dispararon en la cabeza, según detalló la investigación.

El caso, investigado por la Fiscalía 77 Especializada de Bogotá en Derechos Humanos, reveló que el asesinato de Molina Jiménez fue justificado en principio por “Jorge 40″ bajo la acusación de que la docente colaboraba con grupos guerrilleros.

Sin embargo, esta versión fue desmentida durante el proceso judicial. Según informó El Pilón, las pruebas demostraron que el verdadero motivo del crimen fue el interés de las AUC en apoderarse de la finca La Hondura, propiedad de la víctima. En este lugar, alias 39, un subordinado de Tovar Pupo, se había establecido días atrás.

El fallo judicial calificó este homicidio como un crimen contra una persona protegida, y este detalle agrava la responsabilidad penal de alias Jorge 40. Además, se le imputaron los delitos de secuestro simple y desplazamiento forzado, lo que refleja la complejidad y gravedad de los hechos ocurridos hace más de dos décadas.

La condena no solo establece una pena privativa de libertad para Tovar Pupo, sino que también incluye una multa de 2.800 millones de pesos colombianos (aproximadamente 700.000 dólares estadounidenses). Esta sanción económica busca reparar, al menos en parte, el daño causado por el crimen y las acciones conexas, como el desplazamiento forzado de la familia de la víctima.

El caso de Luz Marina Molina Jiménez es uno de los múltiples crímenes atribuidos a “Jorge 40″, quien lideró el Bloque Norte de las AUC, una de las estructuras paramilitares más activas durante el conflicto armado en Colombia.

Esta organización fue responsable de numerosos actos de violencia, incluyendo masacres, desplazamientos y asesinatos selectivos, muchos de los cuales aún están siendo investigados por las autoridades judiciales.

La sentencia también subrayó la importancia de la justicia en la reparación de las víctimas del conflicto. Y aunque han pasado más de 20 años desde el asesinato de Molina Jiménez, el fallo judicial representa un paso hacia el reconocimiento de los crímenes cometidos y la responsabilidad de sus perpetradores. Este proceso judicial es parte de los esfuerzos continuos por esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones, agregó El Heraldo.

Rodrigo Tovar Pupo, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por cargos relacionados con el narcotráfico, regresó a Colombia en 2020 para enfrentar los procesos judiciales pendientes por los crímenes cometidos durante su liderazgo en las AUC. Durante su paso por uno de los periodos de máximo apogeo de este grupo paramilitar, lideró uno de los ataques más sangrientos en la historia del conflicto armado colombiano: La masacre de El Salado, un poblado ubicado en la subregión de los Montes de María.

“La masacre de El Salado es una de las más atroces del conflicto contemporáneo de Colombia. Fue perpetrada entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 por 450 paramilitares, que apoyados por helicópteros, dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión”, explica una de las publicaciones que se hicieron por parte del Centro de Memoria Histórica (La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra), como parte de las acciones acordadas en la firma de los acuerdos de Paz en La Habana, entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, y los altos mandos de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Su caso es emblemático dentro del marco de la justicia transicional en Colombia, que busca equilibrar la rendición de cuentas con la reintegración de excombatientes y la reparación de las víctimas.