Usuarios de las nueve EPS intervenidas por el Gobierno tienen en riesgo el servicio por millonarias deudas con las IPS, advirtió la Andi

La crisis financiera del sistema de salud colombiano se ha agudizado, poniendo en grave riesgo la atención médica de millones de colombianos.

Un reciente comunicado emitido por la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) ha alertado sobre una situación alarmante: las nueve EPS (Entidades Promotoras de Salud) intervenidas por el Gobierno Nacional deben más de 2,2 billones de pesos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

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Esta deuda pone en peligro la continuidad de los servicios médicos para una parte significativa de la población afiliada a estas entidades, que incluye a usuarios de EPS como Sanitas, Nueva EPS, Famisanar, entre otras.

De acuerdo con la ANDI, una de las principales preocupaciones es que el 87 % de esa deuda es cartera vencida, lo que equivale a unos 1,9 billones de pesos. Además, la situación de pago se ha deteriorado aún más, ya que el porcentaje de recaudo por los servicios de salud prestados por las IPS a los usuarios de estas EPS ha caído drásticamente. Según las cifras reportadas por la Cámara, en enero de 2025, el recaudo promedio no superó el 37 % de lo que se debía, una cifra significativamente baja en comparación con el 48 % registrado durante los últimos tres meses de 2024. Esta caída en los pagos refleja una crisis de flujo de recursos que, de no ser solucionada a tiempo, podría tener consecuencias devastadoras para el sistema de salud del país.

El impacto de esta crisis es directo y urgente. Las IPS, que son las encargadas de proporcionar atención médica en hospitales, clínicas y otros centros de salud, enfrentan una grave escasez de recursos, lo que pone en peligro su capacidad para seguir operando. El desajuste entre los pagos recibidos y los servicios prestados ha creado una situación insostenible, afectando no solo a las IPS, sino también a los pacientes que dependen de ellas para recibir atención médica. Como ha señalado la ANDI, sin una intervención inmediata por parte del Gobierno, la capacidad de respuesta de las IPS se verá gravemente comprometida, lo que resultaría en la reducción o cierre de servicios en diversas regiones del país.

La situación es crítica, y ya se están reportando casos de servicios de salud que han comenzado a cerrar debido a la falta de pagos de las EPS intervenidas. En algunas regiones del país, las IPS han tenido que tomar decisiones difíciles, limitando la atención a los usuarios de estas EPS por la imposibilidad de seguir prestando servicios sin recibir el pago correspondiente. Esto ha generado un efecto domino que afecta la salud de millones de colombianos, quienes podrían quedarse sin acceso a servicios médicos esenciales.

En este contexto, la Andi ha solicitado al Gobierno nacional que tome medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud. En particular, ha instado al Ministerio de Salud y Protección Social, a las entidades de control y a la Superintendencia Nacional de Salud a realizar una vigilancia estricta sobre la implementación del giro directo y su correcta postulación ante la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).

Este mecanismo, aunque no es una solución estructural al problema financiero del sistema, podría aliviar la situación de caja de las IPS y permitirles seguir operando mientras se encuentran soluciones más duraderas.

Además, la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud hizo un llamado al cumplimiento expedito de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional sobre los Presupuestos Máximos y la insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que regula el presupuesto destinado a la atención de los afiliados al sistema de salud. El cumplimiento de estas órdenes es crucial para evitar el colapso del sistema de salud colombiano, que ya enfrenta un escenario de alta incertidumbre.