Piden moción de censura contra el ministro de Minas, Andrés Camacho, por el alto precio del gas y la crisis energética

Con la firma de 20 congresistas, la mayoría de oposición, fue radicada ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes una solicitud de moción de censura en contra de Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía.

El representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar, afirmó que el alto funcionario debe responder por la crisis energética y los altos precios del gas.

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“Radicamos la moción de censura basados en la crisis energética que tiene el país, pero sobre todo por la crisis que habrá este año en materia de gas. Se le advirtió al Gobierno que el hecho de no haber sacado más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos iba a generar una crisis energética. Hoy vemos como las tarifas de gas aumentaron”, afirmó Villamizar.

Además, mencionó que el Gobierno nacional supuestamente le está mintiendo al país, razón por la cual cuestionó las decisiones del ministro de Minas, Andrés Camacho.

“El Gobierno ha venido mintiéndole a los colombianos, porque no es posible que el ministro salga a decir que hay especuladores y acaparadores del mercado del gas, cuando el 80% del gas que se extrae en el país depende de empresas estatales”, aseguró

Por tal motivo, advirtió que el jefe de la cartera de Minas debe responder políticamente por lo que está sucediendo y salir de su cargo.

“Le exigimos al ministro que venga al Congreso de la República, que se haga responsable, no fue capaz con las tarifas de energía y tampoco fue capaz con las tarifas de gas”, aseveró.

En el documento de moción censura advierten que “la falta de veracidad del ministro de Minas para justificar su falta de planeación, previsión y no escuchar las alertas ha ocasionado que haya un aumento en las tarifas de los colombianos, pero además ha ocasionado que los sectores pierdan confianza en las decisiones y posiciones de la cabeza del sector al suministrar información imprecisa, contradictoria que solo va a llevar a más aumentos en las tarifas si no sale de la cartera”.

De acuerdo con los congresistas, la solicitud de moción de censura advierte que el ministro Andrés Camacho está incurriendo en una falta administrativa, luego de que explicara en un consejo de ministros que el problema tarifario se desprendía de una doble agenda de los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía.

La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación enviaron una solicitud formal al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, requiriendo detalles sobre la situación financiera del sector energético. En particular, pidieron información sobre el pago de subsidios a las empresas distribuidoras de electricidad y el avance de los proyectos de generación en la Región Caribe.

El requerimiento surge en medio de preocupaciones por las deudas acumuladas del Gobierno con las compañías del sector. Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), citada por Portafolio, al cierre de enero de 2025, el saldo pendiente de los giros alcanzaba los $7,4 billones, afectando la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Las entidades de control solicitaron un informe detallado sobre la ejecución de los subsidios, con un desglose de los pagos realizados hasta el 29 de enero de 2025. Este informe deberá incluir los montos abonados, los valores pendientes, los beneficiarios y la documentación de soporte de las transacciones, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los recursos.

Además del tema de los subsidios, la Contraloría y la Procuraduría expresaron su interés en el estado de la generación energética en la Región Caribe, con énfasis en los proyectos eólicos de La Guajira. Se requirió un informe sobre el avance de estas iniciativas, que detalle las empresas responsables, los recursos ejecutados y la fecha estimada de inicio de operaciones.

Asimismo, se solicitó la presentación de un plan de acción con medidas concretas para fortalecer la capacidad de generación en la región. Dicho plan deberá incluir un cronograma de actividades, los responsables de su implementación y la inversión necesaria para su ejecución.