En un procedimiento que ha generado controversia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) llevó a cabo una visita administrativa a la sede de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) en Bogotá.
La diligencia, que se extendió desde el miércoles 12 de febrero hasta la madrugada del sábado 15, incluyó la recolección de información de dispositivos electrónicos, plataformas digitales y documentos gremiales, lo que ha generado un intenso debate sobre la legalidad del procedimiento.
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La Procuraduría Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, encabezada por el procurador Marcio Melgosa Torrado, cuestionó la falta de una orden judicial para la práctica de pruebas y la ausencia de un acto administrativo que diera inicio formal a la averiguación preliminar.
Según el acta de 19 páginas elaborada por el ente de control, la SIC argumentó que la credencial de visita era suficiente para adelantar la diligencia, lo que generó preocupación sobre la garantía de los derechos de defensa y contradicción de los posibles investigados.
Durante la diligencia, la Procuraduría preguntó si Naturgas había sido notificada sobre los indicios que justificaban la inspección, a lo que la SIC respondió que no se había entregado tal informe.
Además, cuestionó la legitimidad del acceso a dispositivos electrónicos de la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, sin una orden judicial. Según el ente de control, los funcionarios de la SIC revisaron mensajes y documentos que excedían el límite temporal establecido en la diligencia.
En declaraciones a medios como El Tiempo y El Colombiano, Murgas manifestó su preocupación por la falta de claridad en el objeto de la investigación: “Revisaron conversación por conversación y extrajeron información sobre todo lo relacionado con mi función como líder gremial, pero al no tener claridad de los hechos investigados, el alcance fue demasiado amplio”.
Más allá de las implicaciones legales y éticas de la inspección, el contexto del mercado de gas natural en Colombia añade otra capa de complejidad al caso.
Según las declaraciones de Murgas en Blu Radio, el país enfrenta desafíos significativos en el abastecimiento de este recurso, y la escasez ya es una realidad tangible.
En este sentido, la presidenta de Naturgas cuestionó las afirmaciones del ministro de Minas y Energía, quien había señalado que existía especulación en el mercado del gas. Murgas argumentó que el problema radica en los costos adicionales asociados al gas importado, que es más caro que el producido localmente.
“El gas importado tiene costos adicionales que el gas que producimos localmente”, afirmó, subrayando la importancia de garantizar la seguridad energética del país.
Posición de la Superintendencia de Industria y Comercio
Por su parte, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, defendió la actuación de la entidad, asegurando que estas visitas sorpresa son procedimientos regulares dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control.
“Nuestra competencia se despliega en cualquier momento, aunque siempre de manera sorpresiva, porque lo que nos interesa es recuperar material probatorio suficiente para verificar si el comportamiento de los agentes se ajusta al régimen legal”, explicó Rusinque.
El sector del gas natural ha estado bajo un creciente escrutinio en Colombia debido a su papel en la matriz energética y la transición hacia fuentes más limpias.
La investigación de la SIC se centra en la posibilidad de que Naturgás, a pesar de ser un gremio y no un agente del mercado, haya participado en prácticas restrictivas de la competencia.
El procedimiento podría tener implicaciones significativas para el sector, ya que cualquier hallazgo de prácticas anticompetitivas podría derivar en sanciones económicas o cambios regulatorios.
Mientras la SIC analiza la información recopilada, Naturgás espera conocer los resultados de la investigación para responder a las acusaciones, si las hubiera.
Desde la Procuraduría se espera que la SIC aclare el marco legal bajo el cual se llevó a cabo la diligencia, y si en efecto se vulneraron derechos fundamentales en el proceso de recolección de información. Por ahora, el caso sigue en desarrollo y podría derivar en nuevas acciones legales o disciplinarias.
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