El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió la Directiva Presidencial No. 02, fechada el 19 de febrero de 2025, que tiene como objetivo establecer lineamientos claros para el suministro de información y la ejecución de actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país.
Según informó la Unidad Nacional de Protección (UNP), esta directiva está dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y representantes legales de entidades públicas del nivel central y descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional.
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De acuerdo con la información publicada por la UNP, la directiva presidencial busca garantizar que las entidades del poder ejecutivo colaboren plenamente con la Dirección Nacional de Inteligencia en el desarrollo de sus funciones.
Este esfuerzo está dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo denominado “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, que prioriza el fortalecimiento institucional como una herramienta clave para recuperar la confianza de la ciudadanía.
La directiva se fundamenta en la Ley 1621 de 2013, que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia en Colombia. Según esta normativa, dichas actividades tienen como propósito principal proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas y externas que puedan poner en riesgo el régimen democrático, la seguridad y la defensa nacional, entre otros aspectos.
“Actividad limitada en su ejercicio por el respeto de los derechos humanos, de la Constitución, la Ley y el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con un límite fundado en el principio de reserva legal que garantiza la protección de los derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar, y al debido proceso”, se lee en la directiva presidencial.
El documento subraya que estas actividades deben realizarse respetando estrictamente la Constitución, la ley y los principios del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.
Además, se establece un límite basado en el principio de reserva legal, que busca garantizar la protección de derechos fundamentales como la honra, el buen nombre, la intimidad personal y familiar, así como el debido proceso.
La directiva presidencial enfatiza la importancia de la cooperación entre entidades públicas y privadas para cumplir con los objetivos establecidos en la Ley 1621 de 2013. Esta colaboración incluye, entre otras acciones, asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y prevenir amenazas que puedan comprometer el desarrollo normal de las funciones de las entidades públicas.
Un aspecto destacado de la directiva es la instrucción específica para que las entidades del poder ejecutivo trabajen de manera conjunta con la Dirección Nacional de Inteligencia en la identificación y mitigación de riesgos de naturaleza cibernética. Este enfoque responde a la creciente importancia de la seguridad digital en un contexto global donde las amenazas cibernéticas representan un desafío significativo para la estabilidad institucional.
El Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida” sirve como marco de referencia para esta directiva. Este plan, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, busca posicionar a Colombia como un referente global en términos de sostenibilidad, equidad y fortalecimiento institucional. La directiva presidencial se alinea con estos objetivos al priorizar la transparencia y la cooperación interinstitucional como pilares fundamentales para la construcción de confianza entre el Estado y la ciudadanía.
Según consignó la UNP, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y contrainteligencia es visto como un componente esencial para garantizar la seguridad nacional y proteger los derechos fundamentales de los colombianos. Este enfoque refleja el compromiso del gobierno con la construcción de un Estado más eficiente y confiable.
La directiva presidencial establece un marco de acción claro para las entidades públicas y privadas que participan en actividades relacionadas con la inteligencia y contrainteligencia. Estas entidades tienen el deber de colaborar activamente con la Dirección Nacional de Inteligencia y otras instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la defensa nacional.
Entre las responsabilidades asignadas, se incluye la prevención de vulnerabilidades y riesgos cibernéticos que puedan afectar el funcionamiento de las entidades públicas. Este aspecto adquiere especial relevancia en un contexto donde las amenazas digitales representan un desafío creciente para la seguridad de los Estados.
Además, la directiva subraya la importancia de respetar los derechos humanos y las garantías constitucionales en todas las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Este enfoque busca equilibrar la necesidad de proteger la seguridad nacional con el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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