El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la designación del brigadier general de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa ha generado inquietud en sectores militares y políticos. Sánchez reemplaza a Iván Velásquez, quien dejó el cargo tras 30 meses en el Gobierno nacional.
Con la llegada de Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa, un militar vuelve a asumir esta cartera, algo que no ocurría desde que, durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), se abrió la posibilidad de que civiles ocuparan el cargo.
Dicha decisión del jefe de Estado provocó todo tipo de reacciones y comentarios al respecto. De hecho, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez le pidió al general Sánchez que no aceptara el nombramiento como ministro en el Gobierno Petro. “El Presidente quiere desviar la atención del caos que él mismo ha creado y entregarle un “dulce envenenado” a los militares”, dijo la política colombiana.
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Durante la Cumbre de Gobernadores 2025, realizada en Villa de Leyva y organizada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), el presidente Gustavo Petro confirmó la designación de Pedro Sánchez como ministro de Defensa. “El próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula, que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez”, afirmó el mandatario antes de retirarse del evento.
Frente a esta decisión la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuestionó la designación del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa y le pidió rechazar el cargo. Según Ramírez, el nombramiento de un militar en ejercicio es una estrategia del presidente Gustavo Petro para desviar la atención, mientras promueve una “rebelión civil” contra el Congreso y las instituciones.
“General Pedro Sánchez, piense en el bien del país y rechace este nombramiento. El nombramiento de un militar en ejercicio como Ministro de Defensa es otra cortina de humo de Gustavo Petro, mientras al mismo tiempo llama a una rebelión civil contra el Congreso y las instituciones”, escribió en su publicación de X Ramírez.
La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez advirtió que la designación de un militar en ejercicio como ministro de Defensa busca trasladar exclusivamente a las Fuerzas Militares la responsabilidad del orden público. Según Ramírez, la seguridad nacional debe abordarse con una estrategia integral que cuente con respaldo político, legislativo y presupuestal, en lugar de depender únicamente del ámbito castrense.
Además, destacó que durante los últimos 35 años, la conducción civil del Ministerio de Defensa ha garantizado mayor transparencia, eficacia y respeto por los derechos humanos. Para Ramírez, con esta decisión, el presidente Gustavo Petro pretende desviar la atención sobre la crisis en materia de seguridad y entregar a los militares lo que calificó como un “dulce envenenado”.
“Este es un intento de trasladar la responsabilidad del orden público exclusivamente a las Fuerzas Militares, cuando la seguridad nacional debe ser una estrategia integral con respaldo político, legislativo y presupuestal. Durante 35 años, la conducción civil del @mindefensa ha permitido mayor transparencia, eficacia y respeto por los derechos humanos. Ahora, el Presidente quiere desviar la atención del caos que él mismo ha creado y entregarle un “dulce envenenado” a los militares”, opinó la exfuncionaria del Gobierno de Iván Duque.
Por otro lado, el general Luis Fernando Navarro Jiménez fue el último oficial en ocupar el cargo de ministro de Defensa, aunque de manera interina. Su primera designación ocurrió entre el 6 y el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Guillermo Botero. Posteriormente, asumió nuevamente entre el 18 y el 31 de enero de 2021, luego del fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, hasta que el entonces presidente Iván Duque nombró a Diego Molano como jefe de la cartera.
Desde la administración de César Gaviria, en 1991, no se había designado a un militar en servicio activo como ministro de Defensa en propiedad. El último en ocupar el cargo fue el general Óscar Botero Restrepo, quien estuvo al frente de la cartera entre el 7 de agosto de 1990 y el 6 de agosto de 1991. A partir de entonces, la dirección del Ministerio quedó en manos de civiles, estableciendo una práctica que se mantuvo durante más de tres décadas.
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