Siete colombianos que permanecían detenidos por el régimen de Nicolás Maduro acusados de minería ilegal fueron liberados

Siete ciudadanos colombianos, acusados de minería ilegal y presunto terrorismo, fueron liberados tras permanecer detenidos durante tres semanas en Venezuela.

El grupo fue entregado a las autoridades en Puerto Carreño, donde se les brindó atención integral. La liberación se logró gracias a las gestiones diplomáticas de la Embajada de Colombia en Venezuela, aunque el proceso estuvo marcado por irregularidades y falta de comunicación con sus familiares.

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Los siete colombianos, identificados como Francened Cortés, Ferney Gaitán, Reinel Pérez, Óscar González, Éver Velásquez, María Acosta y Yurani Acosta, fueron interceptados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en la madrugada del 30 de enero.

Durante su detención, no se les permitió comunicarse con sus familiares ni con abogados, y sus allegados solo supieron de su captura a través de publicaciones en redes sociales de la Fanb.

El grupo fue liberado el miércoles 19 de febrero y trasladado inicialmente a una base aérea militar en Venezuela, donde recibió atención médica y alimentación. Posteriormente, fueron llevados a territorio colombiano, específicamente a Puerto Carreño, donde fueron recibidos por Migración Colombia y la Armada Nacional.

Según el alcalde de Puerto Inírida, Alexander Sánchez Escobar, las autoridades locales desplegaron acciones para garantizar su bienestar, incluyendo alojamiento, alimentación y apoyo en su identificación a través de la Registraduría.

“Han sido entregados sanos y salvos a las autoridades municipales de Puerto Carreño y la alcaldía de Inírida despliega una serie de acciones para poder atenderlos de manera integral, relacionados con vestuario, hospedaje, alimentación, con identificación por medio de la registraduría”, dijo el mandatario a Caracol Radio.

Los detenidos fueron señalados por las autoridades venezolanas de estar involucradas en actividades de minería ilegal, una práctica común en las zonas fronterizas, y de presunto terrorismo, un cargo que el régimen de Nicolás Maduro ha imputado a otros colombianos en el pasado. Sin embargo, según detalló la Cancillería colombiana a Semana, no se tuvo conocimiento oficial de los cargos específicos ni del lugar de detención durante las semanas que estuvieron privados de su libertad.

La Cancillería explicó que, tras conocer las detenciones, la Embajada de Colombia en Venezuela solicitó información oficial a través de canales diplomáticos. Fue hasta el 12 de febrero que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela respondió, indicando que el caso había sido remitido a las autoridades competentes. A pesar de ello, no se ofrecieron detalles claros sobre las acusaciones ni sobre el proceso judicial que enfrentaban los connacionales.

Aunque los siete liberados ya se encuentran en suelo colombiano, su ingreso estuvo marcado por complicaciones. Un error en los trámites retrocedió su retorno al país, lo que generó incertidumbre adicional para sus familiares. Durante las tres semanas de detención, los afectados no tuvieron contacto con sus seres queridos, que desconocían su estado de salud y las condiciones en las que se encontraban.

El caso pone en evidencia las tensiones y desafíos en la relación diplomática entre Colombia y Venezuela, especialmente en lo relacionado con la protección de los derechos de los ciudadanos colombianos en territorio venezolano. Además, resalta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y rurales que habitan en las zonas fronterizas, donde actividades como la minería ilegal son frecuentes debido a la falta de oportunidades económicas y la presencia de grupos armados.

El alcalde de Puerto Inírida, Alexander Sánchez Escobar, destacó que las autoridades municipales implementaron medidas para atender las necesidades inmediatas de los liberados. Estas incluyen la provisión de vestimenta, hospedaje y alimentación, así como el apoyo en la regularización de su documentación. Estas acciones buscan garantizar una reintegración adecuada y mitigar el impacto de las semanas de detención en territorio extranjero.

El caso de estos siete ciudadanos no está aislado. Existen otros colombianos detenidos en Venezuela bajo acusaciones similares, lo que genera preocupación entre las familias y las organizaciones de derechos humanos. Las denuncias de detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y condiciones precarias en los centros de reclusión son recurrentes en el contexto de las relaciones entre ambos países.

La situación también refleja las dificultades que enfrentan las comunidades fronterizas, donde la falta de oportunidades económicas y la presencia de actividades ilícitas como la minería ilegal exponen a los habitantes a riesgos legales y humanitarios. Las autoridades colombianas han reiterado su compromiso de seguir trabajando en la protección de sus ciudadanos en el exterior, aunque los desafíos en la relación bilateral con Venezuela complican estos esfuerzos.

El caso de los colombianos liberados pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los ciudadanos en el extranjero, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad como las zonas fronterizas. Las gestiones diplomáticas resultaron clave para lograr su liberación, pero las irregularidades en el proceso y la falta de información oficial subrayan la importancia de garantizar el respeto al debido proceso y los derechos humanos.

Mientras tanto, las autoridades locales en Puerto Carreño y Puerto Inírida continúan trabajando para atender las necesidades de los liberados, que ahora enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas tras semanas de incertidumbre y privación de libertad.