
A través de un mensaje en la cuenta de X de la Policía Nacional de Colombia (Ponal) se confirmó que un temido delincuente requerido por la justicia en Ecuador fue detenido en el territorio nacional.
Este sujeto, según la institución, serías miembros de la organización delincuencial ‘Los Choneros’, una de las más importantes y peligrosas en el país vecino.
Esta estructura criminal ha hecho presencia en varias zonas del suroccidente del país según se ha conocido por las mismas autoridades colombianas, donde fue asesinado uno de sus principales cabecillas, Júnior Roldán, cuyo cadáver fue hallado en zona boscosa del departamento de Antioquia en mayo de 2023.
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El caso fue confirmado minutos antes de las 10:00 p. m. del miércoles 19 de febrero de 2025, la misma semana que cayó otro delincuente que era buscado por la justicia de Chile, también vinculado a un asesinato.
En este nuevo resultado que se dio en el departamento de Valle del Cauca (Colombia), se confirmó que el hoy detenido contaba con una circular roja de búsqueda internacional activa, emitida por la Interpol tras la solicitud que hizo Ecuador, donde es requerido en Guayaquil para que responda por el delito de homicidio, bajo la modalidad de sicariato.
“¡Retención por Notificación Roja! En operación conjunta de OCN (Oficinas Centrales Nacionales) @INTERPOL_HQ con el Bloque de búsqueda de la @PoliciaEcuador, fue capturado en el Valle del Cauca, un ciudadano ecuatoriano, requerido por el delito de homicidio”, menciona el comentario que acompaña la fotografía del criminal.

Se espera que en los próximos días se proceda a realizar la deportación del presunto delincuente a Ecuador, donde deberá responder ante un juez por el sicariato que lo señalan de haber cometido.
La relación entre Los Choneros y los Comandos de Frontera, liderada por alias Araña: de aliados a enemigos
Un informe revelado por El País América el 29 de noviembre de 2024, dejó en evidencia lo que fue, en principio, una alianza entre Los Choneros —de Ecuador y cuyo origen lo liga al Cartel de Sinaloa, de México—, y los Comandos de Frontera —grupo disidente de las Farc en Colombia—, otro grupo criminal que opera en el sur del país, y cuyo cabecilla es Giovanny Andrés Rojas, conocido como alias Araña, y que fue detenido en Bogotá el 12 de febrero de 2025 en inmediaciones del hotel Courtyard Marriot, cerca al aeropuerto El Dorado.
Allí se conoció tras el operativo de captura que llevaron a cabo agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que se desempeñaba como negociador de paz en medio de las charlas que venía sosteniendo el Gobierno colombiano con el grupo armado Comandos de Frontera.
Sin embargo, y respecto a la relación que tiene estas dos organizaciones criminales armadas, lo que al comienzo fue un pacto para poder mover grandes cantidades de droga y enviarlas a Centroamérica y Estados Unidos, terminó convertido en una guerra por el control de las rutas de narcotráfico, donde (como ocurre en medio de confrontaciones) la que termina llevando la peor parte es la población civil.

Un campesino que mantuvo en reserva su identidad, le comentó al mismo diario que antes tenían que pagar solo una “vacuna” o “impuesto”, como se le conocen a las cuotas que piden algunos grupos armados ilegales en varias zonas del país a los civiles para dejarlos, por ejemplo, trabajar con sus cultivos de coca, y por los que reciben más dinero si se comparan otra clase de plantaciones.
“Ahora hay que pagarle a los dos señores, que vienen a cobrar dos veces por el mismo producto”, explica el ciudadano anónimo, al referirse a que emisarios de los dos bandos ahora cobran por su lado el mismo “impuesto” que antes solo abonaban una vez. Por la venta de un kilogramo de pasta base de cocaína deben pagar 150.000 pesos (un poco más de 36 dólares).
Pero las disputas tuvieron su génesis en estos cobros, además de lo valiosas que son por su ubicación estas rutas, que como tienen cerca el departamento de Putumayo (uno de los que mayor producción de hoja de coca registra, con 56.933 hectáreas), y donde también se mueven con fuerza los Comandos de Frontera, son una fuente de ingresos que desató una disputa que se agravó en julio de 2024, cuando se rompió una tregua que habían acordado junto a Los Choneros.
Además del narcotráfico, la minería ilegal es otra de las fuentes ilegales de financiación para estos grupos en la región de la Amazonía.
Esto provocó una reacción en cadena que se evidenció con las cinco masacres que se reportaron en el reportaje del medio español en noviembre de 2024, y que tuvieron como epicentro la provincia ecuatoriana de Orellana, ubicada cerca a la frontera con el departamento del Putumayo, en Colombia. Dichos acontecimientos se vincularon con los enfrentamientos que sostienen estas dos empresas criminales.

“Los Choneros operaban como trabajadores de los Comandos de la Frontera. Se encargaban de mover la coca desde la frontera hasta los puertos del Pacífico, como Guayaquil. Lo que está sucediendo es que los ecuatorianos están cogiendo cada vez más fuerza y ya no se ven como los trabajadores de nadie, sino que buscan ser los patrones”, explicó Carlos Fernández, de la ONG (Organización No Gubernamental) Amazon Frontlines, en entrevista con el medio español, al detallar cómo han cambiado las dinámicas de estos grupos armados ilegales en la zona, una región fronteriza.
Por último, Fernández señaló que un informe de la Armada de Colombia dio cuenta que una de las rutas de narcotráfico que se halla en la Amazonía sale desde Colombia y bordea la frontera que conecta con Ecuador a través de la provincia de Sucumbíos, y pasa el país hasta llegar a la costa, donde se embarcan grandes cantidades de droga. “Aprovecha la selva amazónica y la escasa presencia policial”, cerró.
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