El programa “Jóvenes en Paz”, una de las iniciativas del Gobierno nacional para otorgar subsidios de hasta un millón de pesos mensuales a jóvenes en riesgo de vinculación a dinámicas criminales, enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en la entrega de los recursos.
Según reveló la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, en una investigación conocida por Infobae Colombia, al menos 209 adultos de 29 y 30 años han recibido 740 millones de pesos, a pesar de que el decreto 1649 de 2023 establece un límite de edad de 28 años para los beneficiarios.
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“Queremos denunciar que el Gobierno le ha girado 740 millones de pesos a adultos entre 29 y 30 años, cuando el decreto establece que los subsidios son para niños entre los 14 y jóvenes hasta 28 años”, afirmó Arbeláez.
El artículo 44 del decreto 1649 de 2023 establece de manera explícita que los beneficiarios del programa deben tener entre 18 y 28 años. Sin embargo, la investigación reveló que más de 200 personas de 29 y 30 años recibieron los pagos, lo que representa un incumplimiento directo de esta disposición, generando cuestionamientos sobre la supervisión y el control en la ejecución del programa.
La denuncia también señala que 149 extranjeros han sido incluidos en el programa, con transferencias por 167 millones de pesos, algunos de ellos presuntamente en condición de reclusión por delitos menores, según un anexo del decreto.
“Por si fuera poco, 149 extranjeros han recibido más de 167 millones de pesos, algunos seguramente en condición carcelaria por delitos menores, como lo dice el anexo al decreto”, agregó la representante a la Cámara por Bogotá.
El programa, que busca ofrecer una alternativa económica a jóvenes en riesgo de caer en actividades delictivas, ha sido objeto de críticas por la falta de planeación y control en su ejecución.
“Este programa se está convirtiendo en un despilfarro sin control para además financiar a los criminales, así como los colectivos cabecillas”, aseguró la representante de Bogotá.
Es así que Carolina Arbeláez señaló que: “exigimos explicaciones urgentes al Gobierno Nacional y a las entidades responsables de esta indebida administración de recursos, así como una auditoría inmediata para esclarecer a dónde se está yendo el dinero de los colombianos”.
Ante las irregularidades detectadas, la representante Carolina Arbeláez anunció que llevará el caso ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Su objetivo es que estas entidades investiguen a fondo las denuncias y tomen las medidas necesarias para garantizar la correcta administración de los recursos públicos.
¿Qué dijo Prosperidad Social?
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) respondió formalmente a las consultas realizadas por la representante a la Cámara Carolina Arbeláez Giraldo, sobre la ejecución del programa “Jóvenes en Paz”, documento radicado el 17 de febrero de 2025.
La solicitud conocida por Infobae Colombia incluye información detallada sobre las transferencias monetarias dirigidas a los beneficiarios, así como datos desglosados según diversos criterios.
Según el DPS, el programa fue creado por el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Dicho artículo establece que el programa tiene un enfoque intersectorial y detalla los roles de las instituciones participantes. En este marco, el componente de transferencias monetarias está bajo la supervisión del DPS, mientras que la metodología de focalización individual y territorial corresponde al Departamento Nacional de Planeación.
“El programa busca promover la paz mediante un mecanismo que articula la educación, la corresponsabilidad y el trabajo comunitario de los jóvenes beneficiarios”, explica el documento firmado por María Fernanda Rojas Mantilla, subdirectora del DPS.
Solicitudes específicas
En relación con las transferencias monetarias, la Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas del DPS informó que, con corte al 31 de diciembre de 2024, se habían completado ocho ciclos de pago. Estas transferencias se dirigieron exclusivamente a los jóvenes certificados como beneficiarios por el Ministerio de Igualdad y Equidad.
Este documento contiene tablas que resumen variables clave, como la fecha de nacimiento de los beneficiarios, número de transferencias realizadas, y el total de pagos efectuados. Según el DPS, estas variables se obtienen del cruce de datos suministrados por fuentes oficiales, como la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Sobre el desglose por sexo de los beneficiarios, el DPS indicó que “no es un criterio requerido para la entrega de transferencias monetarias” y, por tanto, no recopilan información bajo ese parámetro.
Asimismo, en cuanto a la variable de nacionalidad, señalaron que los datos disponibles clasifican a los beneficiarios como colombianos o extranjeros según el tipo de documento registrado, sin especificar la nacionalidad exacta para los últimos.
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