En la tarde del martes 18 de febrero de 2025, en la Cámara de Representantes se llevó a cabo el segundo debate del proyecto de Ley “Jorge Pizano”, una iniciativa que busca honrar la memoria del testigo clave en el caso Odebrecht y establecer una normativa robusta para la protección de los denunciantes de corrupción.
Este proyecto, que ha generado un amplio debate en el ámbito legislativo, tiene como objetivo garantizar los derechos fundamentales y la seguridad de aquellos ciudadanos que se atreven a alzar la voz contra la corrupción.
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La importancia de la protección a denunciantes
La representante María Fernanda Carrascal fue una de las voces más destacadas en apoyo a este proyecto, dado que a través de su cuenta de X, la congresista expresó la urgencia de aprobar esta iniciativa, subrayando que “miles de colombianos y colombianas han perdido su tranquilidad, la de sus familias, y hasta sus vidas por denunciar este flagelo”.
La publicación fue acompañada por un video de la intervención de la representante en la plenaria en la que recordó la experiencia cuando fue amenazada, incluso, reconoció que gracias a la ayuda del senador Iván Cepeda tuvo la oportunidad de contar con protección.
Por tal motivo, la congresista aseguró que: “Yo les invito a demostrarle a la ciudadanía que verdaderamente el discurso anticorrupción no solamente es eso, sino que queremos entregar las medidas necesarias y adecuadas para que la ciudadanía se sienta no solamente en el deber, sino en el derecho de denunciar la corrupción y que se sienta protegida para hacerlo”.
El proyecto de ley “Jorge Pizano”
El proyecto tiene como objetivo principal implementar medidas de protección para personas naturales que denuncien actos de corrupción.
Entre sus disposiciones más relevantes se encuentra la creación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (Suprac), una instancia que coordinará y supervisará la implementación de estas medidas.
De acuerdo con el documento que se conoce del proyecto, este sistema busca asegurar que los denunciantes no se enfrenten solos a las posibles represalias que puedan surgir tras sus denuncias.
Medidas de protección y garantías
El proyecto contempla una serie de garantías y derechos para los denunciantes, incluyendo reubicación, asesoramiento legal, cobertura ante riesgos laborales y psicológicos, e indemnización en caso de perjuicios.
Además, se establecen mecanismos de denuncia anónima y canales especializados para proteger la identidad y seguridad de los denunciantes.
El rol del Suprac
El Suprac, como órgano interinstitucional, estará integrado por entidades como la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General.
Su función será evaluar el riesgo de los denunciantes e implementar medidas de protección viables y proporcionales.
Entre las medidas previstas, se incluyen protecciones provisionales de emergencia, como asignaciones económicas temporales para reubicación en casos extremos.
Contexto legislativo y comparaciones internacionales
El proyecto de ley está argumentado en que Colombia, con altos índices de impunidad, necesita urgentemente fortalecer sus normas para combatir este flagelo.
La iniciativa toma inspiración de legislaciones internacionales y experiencias de países como Estados Unidos, Chile y Canadá, que cuentan con leyes para proteger a sus denunciantes.
Periodistas y líderes sociales serían grupos prioritarios
El proyecto de ley también contempla medidas específicas para periodistas y líderes sociales, quienes enfrentan altos riesgos debido a sus investigaciones e iniciativas de denuncia.
Para estos grupos, se prevé un trato prioritario en el otorgamiento de medidas de protección, siempre que se haya verificado su situación de vulnerabilidad.
Retos para su implementación
A pesar de sus alcances, el proyecto enfrenta retos significativos, especialmente en términos presupuestales.
En ese sentido, se estima un impacto fiscal de aproximadamente $357 millones anuales para la puesta en marcha del Suprac y el pago de medidas provisionales.
Sin embargo, los beneficios potenciales en términos de transparencia y rendición de cuentas superarían con creces estos costos.
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