Colombiana detenida en Estados Unidos se valió de una identidad falsa para comprar vivienda con dinero del Gobierno: la estafa supera los 250.000 dólares

Una mujer de origen colombiano fue acusada de utilizar una identidad robada para obtener más de 250.000 dólares en beneficios de vivienda en Estados Unidos.

La connacional fue identificada en medios locales como Lina María Orovio-Hernández, de 58 años, y habría solicitado un pasaporte estadounidense y una licencia de conducir en el estado de Massachusetts, solo que para esto utilizó los datos personales de otra persona. Un claro caso de suplantación.

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De acuerdo con un comunicado emitido por la oficina del Fiscal Federal, Orovio-Hernández presuntamente empleó esta identidad falsa para acceder a beneficios del programa de vivienda conocido como Sección 8, destinados a personas de bajos ingresos.

Las autoridades estiman que, entre octubre de 2011 y enero de 2025, la acusada obtuvo de manera fraudulenta un total de 259.589 dólares a través de este programa gubernamental.

El miércoles 12 de febrero de 2025, Orovio-Hernández compareció ante un tribunal federal en Boston, donde fue acusada de manera formal de varios delitos.

Entre los cargos que enfrenta se encuentran el uso indebido de un número de Seguro Social, la realización de declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte estadounidense y el robo de dinero perteneciente al gobierno, indicó Boston.com en su informe.

La Sección 8, administrada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, proporciona asistencia económica a familias de bajos ingresos, personas mayores y personas con discapacidades para que puedan acceder a viviendas seguras y asequibles.

Según detalló el fraude en este tipo de programas no solo representa una pérdida económica significativa para el gobierno, sino que también afecta a las personas que realmente necesitan esta ayuda.

Aunque no se han revelado detalles sobre cómo obtuvo la información personal de la víctima, las autoridades han señalado que este tipo de delitos suelen implicar el acceso no autorizado a datos confidenciales, como números de Seguro Social o documentos de identificación.

Adicional a lo anterior, y en el documento oficial por parte de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, se indicó que “el cargo de uso indebido de un número de la Seguridad Social prevé una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares”.

Por hacer una declaración falsa en una solicitud de pasaporte de Estados Unidos, la condena puede ser de hasta 10 años de prisión, más los tres años de libertad supervisada y la multa de 250.000 dólares.

Pero en el delito de robo de dinero del gobierno, además de los 10 años de cárcel y los tres años de libertad supervisada, la sanción económica puede ser mayor al dinero hurtado, e incluso, según la normativa en ese país, podría llegar a pagar “el doble de la ganancia o pérdida bruta, la que sea mayor”.

De llegar a ser declarada culpable, la ciudadana colombiana también estará sujeta a un procedimiento de deportación una vez cumplida la condena impuesta.

Un caso de agresión sexual ocurrido en East Harlem, Nueva York, ha generado una fuerte conmoción en la comunidad local y ha reabierto el debate sobre las políticas de inmigración y las denominadas “ciudades santuario” en Estados Unidos.

Según informó el New York Post, una mujer transgénero identificada como Nicol Suárez, de 30 años y originaria de Colombia, fue acusada de violar a un menor de 14 años en el baño de una bodega cercana al parque Thomas Jefferson el martes 11 de febrero de 2025.

De acuerdo con las autoridades, el menor fue seguido hasta el baño por Suárez, quien habría cometido el ataque en un espacio donde la víctima no pudo pedir ayuda ni escapar. Tras el incidente, el adolescente logró salir del lugar y alertó a personas que se encontraban en las inmediaciones, quienes notificaron de inmediato a la policía. La acusada fue detenida al día siguiente cerca del lugar de los hechos y enfrenta cargos por violación en primer grado.

El caso ha tomado mayor relevancia debido a que las investigaciones revelaron que Nicol Suárez ya era buscada por las autoridades en otros estados del país. Existían órdenes de detención en su contra en Nueva Jersey y Massachusetts. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) había emitido previamente una orden de detención debido a su situación migratoria irregular.

La detención de Suárez ha puesto nuevamente en el centro del debate las políticas de las llamadas “ciudades santuario”, como Nueva York, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración.

Estas políticas buscan proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación, pero han sido objeto de críticas por parte de sectores que consideran que podrían facilitar la permanencia de personas con antecedentes penales en el país.