En la tarde del martes 18 de febrero de 2025, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una investigación disciplinaria contra Álvaro Luis Rivera Contreras, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Casanare, debido a un presunto “comportamiento irrespetuoso” hacia uno de los personeros del municipio de Nunchía.
Se trata de Libardo Pan Chaparro, que según informó el Ministerio Público, el 4 de febrero de 2025, durante una mesa técnica organizada por la Gobernación para abordar temas relacionados con una acción popular promovida por la Personería de Nunchía, fue maltratado verbalmente.
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De acuerdo con el ente de control, la reunión tenía como objetivo discutir la construcción de un puente sobre el caño El Guamal, ubicado en la vereda Macuco, en Nunchía. Este proyecto es el centro de una acción popular impulsada por la Personería municipal, que busca garantizar la ejecución de la obra. Sin embargo, durante el encuentro, Rivera Contreras habría dirigido comentarios ofensivos hacia Pan Chaparro, lo que derivó en la apertura de la investigación disciplinaria.
El secretario de Infraestructura habría utilizado expresiones como “yo sé cómo se le mama gallo a las acciones populares”; “Me importa un culo su trabajo” y “de malas si no le gusta la propuesta de la gobernación” como respuestas a las solicitudes y cuestionamientos del personero.
Estas declaraciones, presuntamente realizadas en medio de la mesa técnica, fueron calificadas como irrespetuosas y ofensivas hacia el personero, que representa al Ministerio Público en el municipio, teniendo en cuenta que, además, habría dejado el recinto sin concluir la reunión.
La situación generó una reacción inmediata por parte de la Asociación de Personeros de Casanare (Aspercas), que emitió un comunicado rechazando los hechos. En su pronunciamiento, la asociación expresó su preocupación por el trato recibido por el personero de Nunchía y destacó la importancia de respetar la labor de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
Para esclarecer lo sucedido, la Procuraduría Regional de Casanare ordenó la recolección de pruebas documentales y testimoniales, con el propósito de determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer si hubo una falta disciplinaria por parte del secretario de Infraestructura.
Además, la Procuraduría solicitó el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, con el propósito de recuperar y asegurar información relevante que pueda estar contenida en medios de comunicación y plataformas digitales.
“La situación generó un pronunciamiento, por parte de la Asociación de Personeros de Casanare, Aspercas, en el que expresaron su rechazo a los hechos ocurridos. La Procuraduría Regional de Casanare ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales para esclarecer los hechos. Así mismo, solicitó apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría para que recupere y asegure la información contenida en medios de comunicación y canales digitales”, puntualizó el ente de control.
Procuraduría formula pliego de cargo contra exsecretario de Boyacá por presunta corrupción
El 17 de febrero de 2025, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado en el que señaló que la contratación de un ingeniero industrial para brindar asesoría legal en el municipio de Boyacá podría constituir una falta disciplinaria gravísima.
Según informó la entidad, Miguel Ángel Huertas Pineda, que ocupó el cargo de secretario de Gobierno entre 2020 y 2023, habría incurrido en irregularidades al liderar el proceso precontractual que derivó en esta contratación.
De acuerdo con la investigación, Huertas Pineda fue responsable de elaborar los estudios previos para la contratación, los cuales resultaron inconsistentes con el propósito del contrato. La Procuraduría detalló que el objetivo principal del acuerdo era proporcionar asesoría jurídica a los habitantes del municipio, una tarea clave para facilitar el acceso de la comunidad al programa de formalización y legalización de predios rurales. Sin embargo, el perfil del profesional contratado no correspondía con las necesidades legales del proyecto.
La Procuraduría destacó que la contratación de un ingeniero industrial para tareas de asesoría legal no solo carecía de justificación técnica, sino que también comprometía la efectividad del programa de formalización de predios rurales, un proyecto de gran relevancia para los habitantes del municipio.
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