El futuro de la reforma pensional en Colombia, uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno de Gustavo Petro, se encuentra en una situación crítica.
La ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ante la Corte Constitucional señala que la norma podría ser declarada inconstitucional debido a vicios de forma y fondo en su trámite legislativo.
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Este escenario ha generado un intenso debate en el país, especialmente por las posibles consecuencias para los trabajadores y el sistema pensional en general.
De acuerdo con la ponencia, uno de los principales argumentos para cuestionar la reforma es que no se llevó a cabo el cuarto debate en la Cámara de Representantes, lo que violaría el principio de consecuencia exigido para la aprobación de leyes.
Además, se señala que el texto adoptado en el Senado no fue debidamente socializado antes de su aprobación. Estos errores de procedimiento podrían llevar a que la Corte declare la reforma como inexequible, es decir, que no pueda convertirse en ley.
El posible hundimiento de la reforma pensional ha generado incertidumbre en el sector. Según Blu Radio, uno de los puntos más críticos es el destino de las aproximadamente 44.000 personas que ya se trasladaron entre Colpensiones y los fondos privados gracias a la “ventana de traslado” incluida en la reforma.
Este artículo permitió a los afiliados cambiar de régimen pensional, pero si la norma es anulada, surge la pregunta de qué sucederá con estas personas.
El analista económico y periodista Víctor Grosso advirtió que, en caso de que la reforma sea declarada inconstitucional, estas personas podrían enfrentarse a un complejo proceso de reversión, lo que podría derivar en miles de demandas legales.
Grosso también señaló que, si la reforma cae después del 1 de julio, cuando está programada su entrada en vigor, el caos sería aún mayor. Para ese momento, nuevas cotizaciones multimillonarias ya habrían ingresado a Colpensiones y al Fondo de Estabilización del Banco de la República, lo que complicaría aún más la situación.
“Además, se perdería pues una plata que han invertido las entidades para implementar toda la reforma. Si se cae la reforma, eventualmente, después del 1 de julio, pues ahí sí el caos sería total, porque para ese momento ya estarían llegando cotizaciones nuevas y multimillonarias a Colpensiones y al nuevo Fondo de Ahorro del Banco de la República”, explicó Grosso en Blu Radio.
Por su parte, Héctor Riveros indicó que es probable que las personas que ya se trasladaron a Colpensiones permanezcan en ese régimen, ya que revertir el proceso sería extremadamente difícil. Según Riveros, las decisiones administrativas relacionadas con estos traslados ya están consolidadas, lo que significa que los afiliados actuales de Colpensiones seguirían cotizando en este sistema, independientemente del fallo de la Corte.
La reforma pensional enfrenta críticas no solo por su contenido, sino también por el proceso que llevó a su aprobación. El proyecto fue aprobado en el Congreso de manera apresurada, ignorando las normas constitucionales que regulan el trámite de leyes. En particular, se cuestiona que en el debate definitivo en la Cámara de Representantes, el 14 de junio de 2022, se adoptó el texto aprobado en el Senado sin deliberación previa, lo que ha sido calificado como un “pupitrazo”.
La senadora Paloma Valencia, que interpuso la demanda contra la reforma, argumentó que este procedimiento violaba el principio de consecutividad, un requisito fundamental para la aprobación de leyes en Colombia. Según Valencia, la falta de deliberación y socialización del texto final representa una grave irregularidad que justifica la anulación de la norma.
“Pero como el gobierno tiene esa teoría de que es o lo que ellos quieren o nada, pues entonces decidieron precipitar ese debate. En mi opinión demasiado aceleradamente y no permitieron ni siquiera discutir los temas centrales. Es que uno no puede simplemente pupitrear, como acuérdese que que había congresistas que es la primera vez que conocían de la reforma porque no estaban en la Comisión Séptima”, indicó la senadora del Centro Democrático en entrevista con Blu Radio.
El posible hundimiento de la reforma desató un intenso debate político en el país. Mientras algunos sectores consideran que la anulación de la norma sería un golpe a la democracia y afectaría a los más vulnerables, otros critican la forma en que el gobierno manejó el proceso legislativo.
La representante a la Cámara Catherine Juvinao expresó su descontento con el manejo de la reforma, señalando que los fanáticos de la ministra saliente de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, generaron los vicios de trámite que ahora ponen en riesgo el proyecto. Juvinao calificó el proceso como una oportunidad perdida para transformar el sistema pensional de manera justa.
Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo manifestó que la caída de la reforma sería lo mejor para el país, argumentando que la norma es inviable desde el punto de vista fiscal y que no resuelve los problemas estructurales del sistema pensional. Según Restrepo, será necesaria una nueva reforma para abordar estos desafíos de manera efectiva.
Ahora, la Corte Constitucional deberá decidir en los próximos días si la reforma pensional cumple con los requisitos legales para convertirse en ley. La ponencia del magistrado Ibáñez recomienda rechazar la norma debido a los vicios de trámite identificados. Entre las opciones que tiene la Corte están devolver el proyecto al Congreso para corregir los errores, o declararlo inexequible de manera definitiva.
Mientras tanto, el sector pensional continúa trabajando en la implementación de la reforma, prevista para entrar en vigor el 1 de julio. Sin embargo, la incertidumbre generada por el posible fallo de la Corte ha puesto en pausa los planos de Colpensiones y los fondos privados, que ahora enfrentan un panorama lleno de interrogantes.
La decisión final de la Corte no solo definirá el futuro de la reforma pensional, sino que también tendrá un impacto significativo en la vida de miles de trabajadores y en la estabilidad del sistema pensional en Colombia.
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