La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, que ha sido una de las defensoras a ultranza del gobierno de Gustavo Petro, se refirió al reciente escándalo que envuelve al presidente argentino Javier Milei, sobre quien recae una denuncia penal por presunta estafa con criptomonedas, episodio que ha exacerbado los ánimos de los argentinos y, especialmente, de los opositores al actual gobierno de la Casa Rosada.
La crítica de De Francisco tiene que ver con Victoria Eugenia ‘Vicky’ Dávila, precandidata presidencial, una de cuyas publicaciones en X fue replicada por Milei. Entre otras cosas, Dávila cuenta entre su grupo de asesores económicos a Daniel Raisbeck, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y defensor del libertarismo económica, escuela teórica seguida por Milei.
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“Le figuró a Vicky cambiar de asesor”, escribió Margarita Rosa de Francisco en su cuenta de X, dejando así una crítica hacia los referentes políticos de Dávila que, cabe aclarar, no son asesores del presidente argentino.
De Francisco se ha mostrado distante de las políticas y el discurso de Milei, tanto así que, tan pronto como se conoció en noviembre de 2023 que el exdiputado ganó las elecciones, la vallecaucana se pronunció, lamentando el resultado democrático.
“Amigos de la derecha colombiana con su libertad y su orden: no me pidan que los felicite por lo de Milei sin ponerme a llorar”, escribió en un post publicado el 20 de noviembre de 2023.
De Francisco también se pronunció sobre lo que considera un clima hostil en la red social X por cuenta de las diferencias ideológicas con otros usuarios que se han referido a ella con insultos.
La polémica que tiene como protagonista a Milei
Una reciente denuncia judicial ha sacudido el ámbito político y financiero en Argentina, al señalar al presidente Javier Milei como presunto partícipe en una estafa masiva vinculada al mercado de criptomonedas. La acusación, que fue difundida por los propios denunciantes en redes sociales, sostiene que más de 40.000 personas resultaron afectadas con pérdidas que superan los 4.000 millones de dólares.
Según el documento presentado ante la justicia, la presunta estafa habría sido orquestada a través de la criptomoneda $Libra, cuyo desarrollo y promoción involucró a figuras cercanas al mandatario. Entre los señalados en la denuncia figuran dos militantes de su espacio político, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, así como Julián Peh, CEO de Kip Protocol, empresa encargada de la creación del activo digital. También se menciona a Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures, firma que habría proporcionado la infraestructura tecnológica necesaria para la operación.
El escrito judicial describe la trama como una “organización concertada” con el propósito de cometer miles de estafas de manera premeditada y en simultáneo. Se acusa a los responsables de haber diseñado un esquema fraudulento en el que, además de crear la criptomoneda, llevaron a cabo una intensa campaña de promoción para atraer inversores y otorgarle una apariencia de legitimidad.
Uno de los puntos clave de la acusación es el rol que habría desempeñado Milei en la promoción del proyecto. El presidente utilizó sus redes sociales para difundir el “emprendimiento privado”, lo que generó un rápido aumento en la demanda de la criptodivisa y una súbita inflación de su valor. Sin embargo, poco después de alcanzar su punto máximo, la moneda digital colapsó, generando multimillonarias pérdidas a los inversores. En paralelo, los primeros beneficiarios del esquema habrían retirado fondos por un total de 87,4 millones de dólares antes de la caída, según un informe financiero de la firma estadounidense Kobbeissi Letter.
Tras la controversia, Milei eliminó la publicación promocional y negó tener cualquier tipo de relación con el proyecto. No obstante, los denunciantes aseguran que hubo una clara coordinación entre la difusión del tuit presidencial y el momento en que se hizo público el proyecto de $Libra, lo que indicaría que el mandatario tenía conocimiento previo del plan.
En el marco de la investigación, los demandantes han solicitado a la justicia la aplicación de una serie de medidas cautelares. Entre ellas, requisas en la Quinta de Olivos y en la sede presidencial para incautar dispositivos electrónicos que puedan contener información relevante. Asimismo, se pide la identificación y allanamiento de los domicilios de los implicados, así como de las empresas involucradas.
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