En medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz enfrenta un panorama judicial complejo. Según revelaciones recientes de RCN Radio, su única alternativa para negociar con la Fiscalía es un preacuerdo, ya que el plazo para acceder a un principio de oportunidad ha expirado.
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Un caso con pruebas sólidas en su contra
Fuentes cercanas al proceso indican que las evidencias recopiladas contra Ortiz son contundentes, lo que ha llevado a los investigadores a descartar la posibilidad de concederle un principio de oportunidad. Esta figura jurídica permite que un procesado colabore con la justicia a cambio de beneficios, como la extinción de la acción penal.
Sin embargo, este beneficio ya fue otorgado a otros implicados en la red de corrupción, limitando el margen de maniobra para Ortiz.
En contraste, otros actores clave en este entramado han optado por firmar preacuerdos con la Fiscalía, obteniendo reducciones en sus condenas a cambio de aceptar su responsabilidad y colaborar en la investigación.
Entre ellos se encuentran Olmedo López, Sneyder Pinilla, el contratista Luis Eduardo López (alias “el Pastuso”), Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto. Los términos de estos acuerdos han oscilado entre tres y siete años de prisión, además de la obligación de reintegrar sumas que van desde 150 millones hasta 7.000 millones de pesos.
La estrategia de Sandra Ortiz
Ante la imposibilidad de acceder a un principio de oportunidad, Ortiz ha intensificado sus acercamientos con la Fiscalía, expresando su disposición a colaborar con la justicia. De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, la exconsejera estaría dispuesta a proporcionar información que podría comprometer a otros actores en la trama de corrupción. Uno de los nombres que ha salido a relucir es el del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, a quien Ortiz podría vincular en su declaración.
La voluntad de Ortiz para colaborar con la justicia, revelando más información, es conocida en la opinión pública, pues la procesada exfuncionaria ha señalado que algunos de los responsables siguen hoy en las altas capas del poder.
Las acusaciones en su contra
Ortiz enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos, tras ser señalada como la persona encargada de trasladar una maleta con 3.000 millones de pesos, presuntamente destinados al expresidente del Senado, Iván Name. Según la investigación, esta entrega se habría realizado en una camioneta oficial de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que agrava aún más su situación legal.
Uno de los elementos probatorios más relevantes en su contra es la información extraída de su propio teléfono celular. La Fiscalía ha realizado un cruce de celdas telefónicas que confirmaría la versión de Sneyder Pinilla, quien declaró que Ortiz se encargó de trasladar el dinero hasta su destinatario final. Según este testimonio, la transacción tuvo lugar en septiembre de 2023 en el Hotel Tequendama Suites de Bogotá, donde Ortiz se habría hospedado en las habitaciones 2312 y 2304.
Un futuro incierto
Actualmente, la exconsejera permanece detenida en una guarnición militar, mientras se define su futuro judicial. Con la posibilidad del principio de oportunidad descartada, su defensa deberá buscar un preacuerdo que le permita obtener una pena reducida a cambio de aceptar los cargos y brindar información clave. Sin embargo, la contundencia de las pruebas en su contra y la gravedad de las acusaciones hacen que su situación sea cada vez más delicada.
A medida que avanza la investigación, el escándalo de corrupción en la UNGRD sigue revelando nuevos detalles sobre el entramado de coimas y desvío de recursos públicos, una trama que ha puesto en jaque a varios actores políticos y que podría tener más repercusiones en los próximos meses.
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