Se cumplen más de dos años del pleito entre el actual director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, después de que este último lo acusara de financiar a la Primera Línea, protagonista en manifestaciones y desmanes en Bogotá y otras áreas del país.
Sin embargo, en la mañana de este lunes 17 de febrero el caso dio un nuevo giro, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negar la retractación extemporánea que ofreció el representante a Bolívar.
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Con el fallo, Miguel Polo Polo irá formalmente a juicio por los delitos de injuria agravada y calumnia, pues el alto tribunal determinó que su retractación no cumplió con los requisitos legales exigidos.
Entre los argumentos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para rechazar la actuación de Polo Polo, se asegura que, aunque congresista envió un oficio para retractarse de las declaraciones realizadas contra el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, este mecanismo no es válido, ya que la retractación debía realizarse a través de la misma plataforma en la que se emitieron las acusaciones: las redes sociales.
De acuerdo con la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el juicio contra Polo Polo seguirá su curso hasta que se cumplan las condiciones necesarias para una retractación adecuada.
Este caso se originó a raíz de una denuncia presentada por Bolívar, quien consideró que las afirmaciones del congresista afectaron su reputación y lo vincularon con actividades ilícitas.
El conflicto legal entre Miguel Polo Polo y Gustavo Bolívar se remonta a una serie de publicaciones realizadas por el representante en sus redes sociales.
En dichas declaraciones, Polo Polo acusó a Bolívar de financiar a la denominada “Primera Línea”, un grupo que participó activamente en las protestas sociales en Colombia, y de estar relacionado con dos homicidios. Estas afirmaciones generaron una fuerte polémica y llevaron a Bolívar a interponer una denuncia formal.
En una de las publicaciones, Polo Polo expresó: “Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó (sic), y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano, como él, que financió la Primera Línea, que quemó a Bogotá en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes y asesinó policías, no debería ser ni siquiera candidato a una Alcaldía”.
Según el tribunal, el oficio enviado por el congresista no es suficiente para reparar el daño causado, ya que no tiene el mismo alcance ni impacto que las publicaciones originales.
Durante el 2024, el funcionario del Gobierno y el representante adelantaron varias audiencias de conciliación convocadas por el magistrado Marco Antonio Rueda. Sin embargo, la defensa de Bolívar solicitó a Polo Polo que presentara pruebas que sustentaran sus afirmaciones.
Aun así, el representante no logró aportar evidencia que respaldara sus acusaciones “El representante me acusa de financiar la Primera Línea, me acusa de asesinar bebés y, por eso, yo lo traje a la Corte Suprema, para que muestre las pruebas. El juez le dio una semana para presentar esto y, si no las encuentra, le toca retractarse. No las va a encontrar porque yo en la vida he financiado terroristas y menos cometido delitos”, señaló el su momento el director del DPS.
Tras no alcanzar un acuerdo en la etapa de conciliación, la Corte Suprema decidió avanzar con el caso. El pasado 11 de diciembre, la Sala de Instrucción formuló una acusación formal contra Polo Polo por el delito de injuria, descartando el cargo de calumnia debido a que este ya había prescrito.
Pero este no es el único proceso que enfrenta Polo Polo en la Corte Suprema. El congresista también ha sido llamado a juicio por el delito de hostigamiento agravado.
En este caso, se le acusa de promover e instigar actos discriminatorios contra exmiembros del movimiento M-19 y contra el presidente Gustavo Petro, utilizando sus redes sociales como plataforma para difundir mensajes que incitaban al daño por razones de ideología política.
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