A 85.000 ascienden los afectados por la guerra en El Catatumbo entre el ELN y disidencias de las Farc

Un mes completó la crisis humanitaria en la conflictiva región de El Catatumbo (Norte de Santander), en la zona de frontera con Venezuela, donde la disidencia de la extinta guerrilla de las Farc Frente 33 y el ELN se disputan a sangre y fuego la ruta del narcotráfico a través del hermano país.

Aunque el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, decretó la conmoción interior para ese territorio, solo ha anunciado nuevos impuestos para financiar la atención de la población afectada, pero sigue sin retomar el orden público en la zona, pese a los esfuerzos de la Fuerza Pública, y los afectados ascienden a casi 85.000, de acuerdo con los datos que entregó el domingo 16 de febrero la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

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De acuerdo con la representante de ese organismo en Colombia, Mireille Girard, son 84.621 las personas que padecen por la violencia en El Catatumbo, donde 52.286 de ellos son víctimas de desplazamiento forzado, 19.000 tienen restricciones de movilidad en sus propios territorios, 8.668 padecen por confinamientos forzados y 4.667 son refugiados y migrantes venezolanos.

“La violencia en el Catatumbo ha generado el mayor desplazamiento masivo desde que tenemos registros en Colombia. Hay comunidades y familias confinadas, con movilidad restringida y acceso limitado a alimentos, atención médica y ayuda humanitaria”, afirmó Girard.

Tampoco no se tiene certeza del total de los muertos que han dejado las confrontaciones entre el ELN y el Frente 33, y por el momento se estiman en 56 las víctimas mortales por cuenta de las hostilidades que afectan las zonas rurales de los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

Adicionalmente, la representante de Acnur señala que entre las poblaciones afectadas están las comunidades indígenas Yukpa y Barí que se mueven entre Colombia y Venezuela.

Por esta tragedia humanitaria los menores de edad se han visto gravemente afectados y no han podido retomar sus clases escolares durante el mes de las confrontaciones ya que los docentes huyeron de la región y quedaron vulnerables para ser víctimas de fenómenos de violencia como “violencia de género y de reclutamiento forzado” según señaló la representante de la Acnur.

“Es una situación extremadamente preocupante para las comunidades de estas zonas, en particular la afectación a las personas indígenas y afro que se encuentran desproporcionadamente impactadas porque viven en zonas que se disputan muchos grupos armados”, aseguró.

Ante la complicada situación de orden público, las Fuerzas Militares y la Policía están desarrollando la operación Catatumbo con la que buscan contrarrestar la violencia en esa región de Norte de Santander.

En el territorio están desplegados 9.487 uniformados, se prevé el envío 1.158 refuerzos, así como la llegada de 496 nuevos policías, y hay 428 miembros de las Fuerzas Especiales y para operaciones terrestres, recogieron en el informativo de televisión Noticias Caracol.

Agregaron que entre los resultados de las acciones de la Fuerza Pública están 15 capturas de integrantes de los grupos armados organizados en conflicto, mientras que 97 subversivos de las disidencias de las Farc se han sometido a la Justicia, mientras que solo dos guerrilleros del ELN se han desmovilizado, y por el momento solo se ha dado la muerte de un insurgente en combates con la fuerza Pública.

Los uniformados, además, han logrado rescatar a 20 menores de edad que eran víctimas de reclutamiento forzado por parte del ELN o del Frente 33.

En Noticias Caracol recordaron que el Gobierno Nacional contempla dos fases para atender las crisis en el Catatumbo, la primera, que se supone que está en marcha, es la denominada recuperación humanitaria y la otra es la ofensiva, en la que la Fuerza Pública ha desarrollado seis combates en las zonas rurales de Tibú, El tarra, Teorama y Lourdes.

Entre tanto, si bien en Cúcuta, y en las cabeceras municipales de Tibú y de Ocaña, y en menor medida en Bucaramanga, e incluso en Medellín y Bogotá, se vienen atendiendo a los desplazados, las administraciones locales señalan que están sobrepasando sus capacidades y se teme por un colapso para ayudar a estas personas que huyen de la violencia en sus territorios.

De hecho la representante de Acnur reconoce que están cumpliendo con su labor, pero que las alcaldías se vieron desbordadas y sus recursos financieros se agotaron rápidamente ante la magnitud de la crisis.

“Es muy importante que el Estado esté presente en estas zonas con servicios y para proteger efectivamente a las personas y que se paren las armas para que las comunidades del Catatumbo puedan vivir en paz, que es la única cosa que están pidiendo”, afirmó.

Tibú es uno de los municipios más afectados por la llegada de los desplazado, por lo que su alcalde Richard Claro pide apoyo al Gobierno Nacional, donde están atendiendo a 13.000 de estas personas.

“Hay militarización, se ha visto el trabajo de la Fuerza Pública en recuperar la seguridad del municipio, pero insistimos en que debe haber presencia institucional para garantizar el acceso a derechos a la población civil”, señaló en una entrevista con Noticias Caracol.

Alertó también porque las confrontaciones están llegando al casco urbano del municipio, donde se están reportando homicidios selectivos, pese a los esfuerzos de los uniformados por lo que reiteró que se requiere de la presencia de representantes de organismos como la Fiscalía General de la Nación.