Las pruebas que encontró la Fiscalía en la mansión de ‘Papá Pitufo’: acuerdos con EE. UU. y solicitudes de asilo

Se cumple una semana desde que el país conoció de los 500 millones de pesos que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, entregó a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, a través del catalán Xavier Vendrell, y se siguen conociendo nuevos detalles del caso.

De hecho, el jueves 13 de febrero, las autoridades dieron a conocer el allanamiento a la lujosa mansión en la exclusiva zona de Guaymaral, en el norte de Bogotá, en la que se entregó el dinero ilícito, aunque los hallazgos dentro de la vivienda del zar del narcotráfico eran todo un misterio hasta ahora.

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Este allanamiento, que inició sobre 6:30 de la mañana y se extendió por más de siete horas, contó con la participación de más de 30 agentes de la Dijín, el CTI y la Procuraduría, aunque ninguno de los involucrados sabía del operativo que iban a realizar para evitar que la información llegara al ‘zar del contrabando’.

La residencia, registrada a nombre de Lizeth Samboní, esposa de Marín, se extiende sobre un terreno de 3.000 metros cuadrados y cuenta con una construcción de 500 metros cuadrados distribuidos en dos niveles. Aunque las áreas sociales y la cocina parecían habitadas, los dormitorios estaban casi vacíos, lo que sugiere que alguien pudo haber retirado información clave antes del operativo, según reveló la revista Cambio.

En la primera planta, los agentes encontraron un centro de entretenimiento con una mesa de billar, un piano y un bar, además de una piscina climatizada, un lujo poco común en una zona conocida por su clima frío.

Sin embargo, lo más sorprendente fue un espejo que resultó ser la entrada a un escondite capaz de albergar hasta cuatro personas, un detalle que recuerda las tácticas de los capos de los años ochenta y noventa.

Según la información revelada por Cambio, en la segunda planta, la suite principal, utilizada por Marín y Samboní, se convirtió en el foco de la investigación. Allí, los oficiales hallaron documentos que podrían ser clave para desentrañar la red de corrupción que Marín habría tejido en instituciones como la Dian, la Polfa y la Policía Nacional.

Entre los hallazgos que más sorprendieron a los investigadores se encuentran las hojas de vida de funcionarios de la Dian, incluidos dos empleados activos con más de una década de experiencia en cargos estratégicos.

Según detalló la revista Cambio, estas hojas de vida eran enviadas directamente a la residencia de Marín, quien decidía si aprobaba o no las contrataciones. Este mecanismo, que implicaba pagos de entre 1.000 y 5.000 millones de pesos por puesto, habría permitido a Marín colocar a sus aliados en posiciones clave para facilitar el contrabando técnico.

El contrabando técnico, según las fuentes citadas por el medio, consiste en manipular los registros digitales de la plataforma de la Dian para que movimientos irregulares pasen desapercibidos. Sin embargo, rastrear estas operaciones será un desafío, ya que se realizaban desde usuarios genéricos y no desde las cuentas oficiales de los implicados.

El allanamiento también reveló el uso de tecnología sofisticada por parte de Marín. En lugar de aplicaciones de mensajería convencionales, utilizaba Cellcrypt, un servicio encriptado que requiere únicamente una dirección de correo electrónico para su registro, además del pago de más de un millón de pesos mensuales, dificultando el rastreo. Esta herramienta era empleada para coordinar las operaciones de contrabando y mantener la comunicación con sus aliados.

Además, se encontraron cartas en las que Marín solicitaba asilo político a varios países, un intento de preparar rutas de escape bajo el argumento de una supuesta persecución.

Según la información revelada por Cambio, Marín también habría colaborado con la agencia estadounidense ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés), entregando a miembros de menor rango de su organización a cambio de inmunidad, según los documentos encontrados en la habitación de “Papá Pitufo”.

Pero la cereza del pastel en dicho operativo fue el sistema de seguridad de la mansión, compuesto por más de 30 cámaras que cubrían cada rincón de la propiedad.

Los agentes incautaron tres grabadoras de vídeo digital (DVR) y dos discos duros con varias terabytes de información. Según fuentes citadas por Cambio, este archivo podría contener pruebas irrefutables de las operaciones y transacciones realizadas en la mansión, incluyendo posibles reuniones con figuras políticas y la entrega de dinero documentada en la investigación y confirmada por el propio presidente.

El contenido de estas grabaciones podría confirmar, por ejemplo, cuántas veces el español Xavier Vendrell visitó la propiedad y si hubo más entregas de dinero relacionadas con la campaña de Petro u otras campañas políticas. También podría revelar encuentros con alcaldes, gobernadores y altos funcionarios del Estado.

Pero el allanamiento en Guaymaral es solo el inicio de una investigación más amplia. Las autoridades tienen identificados 23 bienes de Marín, aunque el avance en los procesos de extinción de dominio ha sido lento. A pesar de que ha pasado un año desde las primeras capturas relacionadas con esta estructura criminal, los resultados aún son limitados.

De acuerdo con Cambio, la más reciente operación fue cuidadosamente planeada para evitar filtraciones, ya que Marín, al igual que otros capos, ha logrado infiltrarse en las instituciones del Estado, obteniendo información anticipada sobre operativos en su contra.

Para garantizar el éxito del allanamiento, los 25 agentes de la Dijín, 10 miembros del CTI y el procurador delegado Miguel Antonio Carvajal se reunieron en un punto neutral antes de dirigirse a la propiedad. Solo al llegar al lugar, se les informó el objetivo de la misión.