Unas declaraciones de la senadora Paola Holguín, del partido Centro Democrático, provocaron un nuevo debate sobre las supuestas estrategias políticas que, según ella, se estarían gestando desde la cárcel de Itagüí. A través de su cuenta en la red social X, la congresista uribista alertó sobre presuntos movimientos dentro del centro penitenciario que podrían estar vinculados con sectores cercanos al presidente Gustavo Petro.
Holguín, sin mencionar directamente nombres, insinuó que las visitas a la cárcel de Itagüí realizadas podrían formar parte de una estrategia para debilitar a la oposición al actual Gobierno.
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En su publicación escribió: “Hay desespero en visitantes a cárceles (Itagüí), buscando desacreditar oposición al Gobierno Petro (el del Hombre Marlboro, alias Sobrino, Papá Pitufo…) vuelve el cuento de correr la línea ética y quemar candidaturas… Que no se note el desespero. Repito ‘nadie patea perro muerto’”. Con esta afirmación, la senadora sugiere que existe una intencionalidad política en las actividades recientes relacionadas con ese centro penitenciario.
Uno de los elementos que llevaron a estas interpretaciones es la presencia del escritor y activista Daniel Mendoza en la cárcel de Itagüí. El activista político, reconocido por su producción documental Matarife, había anunciado a finales de enero de 2025 que estaba trabajando en un nuevo proyecto de investigación y documentación, para lo cual visitó el penal. Durante su estadía, sostuvo encuentros con exintegrantes de organizaciones criminales y se centró en la relación entre violencia, desigualdad social y el papel del Estado en la proliferación de estructuras ilegales.
El propio Mendoza explicó en X los motivos de sus visitas al penal, asegurando que su trabajo se enfocaba en evidenciar “la condición de víctima del sistema del delincuente que nace en condiciones de vulnerabilidad” y en recoger testimonios de exmiembros de organizaciones criminales sobre la violencia en Medellín. También afirmó que su investigación reveló un interés de algunos exlíderes criminales en contribuir a la paz y participar en procesos de resocialización. Además, solicitó al Gobierno nacional abrir espacios para que estas personas pudieran contar “la verdad entera sobre esa oligarquía nauseabunda”.
La publicación de Mendoza, en su momento, provocó reacciones divididas, entre quienes apoyan su visión de la criminalidad como consecuencia de factores estructurales y quienes la consideran una justificación a la actividad delictiva. En este sentido, la senadora Holguín aprovechó el debate para insistir en que estas acciones forman parte de una estrategia política más amplia que involucra a sectores afines al petrismo.
El mensaje de la congresista incluyó referencias a investigaciones previas sobre supuestos vínculos de criminales y exnarcotraficantes con la campaña presidencial de Petro en 2022. Dichos señalamientos son objeto de indagaciones por parte de las autoridades, aunque hasta el momento no han derivado en conclusiones definitivas. Para Holguín, sin embargo, estos antecedentes refuerzan su hipótesis de que existe un intento por “correr la línea ética y quemar candidaturas” de cara a futuros procesos electorales.
La referencia al “Hombre Marlboro” surgió en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Según señalamientos, habría recibido dinero de este individuo durante la campaña presidencial de su padre, fondos que tendrían un origen ilícito.
Asimismo, mencionó a Juan Carlos López, alias Sobrino, un narcotraficante que fue extraditado a Estados Unidos en 2013 y que, tras regresar a Colombia años después, fue recapturado en 2022 por continuar con actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Además, hizo referencia a uno de los escándalos más recientes en la administración de Petro, relacionado con alias Papá Pitufo, un delincuente señalado de, presuntamente, haber financiado ilegalmente la campaña presidencial.
El debate sobre la relación entre política y criminalidad en Colombia no es nuevo, pero las recientes publicaciones han reactivado la discusión sobre el papel de las cárceles en la estrategia de actores políticos y sobre el impacto que podrían tener estas dinámicas en la percepción pública del Gobierno y de la oposición. Mientras sectores afines al petrismo defienden el derecho de los reclusos a ser escuchados en procesos de justicia transicional y reconciliación, la senadora Holguín y otros líderes de la oposición sostienen que estas acciones encubren intereses políticos que buscan beneficiar a determinados sectores.
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