Órganos de control exigen cuentas al Ministerio de Minas por crisis energética: Gobierno adeuda $7,4 billones en subsidios a empresas

El Ministerio de Minas y Energía enfrenta nuevas exigencias por parte de los órganos de control. La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación enviaron una comunicación formal al ministro Andrés Camacho —aunque el alto funcionario presentó su carta de renuncia protocolaria—, en la que demandan información detallada sobre la situación financiera del sector energético, particularmente en lo relacionado con el pago de subsidios a las empresas distribuidoras de electricidad y el avance de proyectos de generación en la Región Caribe.

El requerimiento se produce en un contexto de preocupación por la acumulación de deudas del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, con las empresas de distribución de energía. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), información divulgada por el portal Portafolio, al cierre de enero de 2025, el saldo pendiente de los giros asciende a $7,4 billones, lo que provocó dificultades para la estabilidad del sector.

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Las entidades de control solicitaron a la cartera de Camacho un informe detallado sobre la ejecución de los subsidios, en el que se incluya un desglose de los pagos realizados hasta el 29 de enero de 2025. La información deberá especificar el monto de los subsidios abonados, los valores pendientes, así como los beneficiarios y los documentos que soportan las transacciones. Este requerimiento busca establecer la trazabilidad de los recursos y garantizar que los desembolsos se realicen en tiempo y forma.

Además de la situación de los subsidios, la Contraloría y la Procuraduría pusieron especial atención en la capacidad de generación de energía en la Región Caribe, particularmente en los proyectos eólicos que se desarrollan en La Guajira. Se solicitó a la cartera un informe que detalle el estado de cada iniciativa, en que se incluya su nivel de avance, las empresas a cargo, los recursos ejecutados y la fecha estimada de inicio de operaciones.

Los órganos de control también pidieron la presentación de un plan de acción que contemple medidas específicas para fortalecer la capacidad de generación en esta zona del país. Dicho plan deberá incluir un cronograma de actividades, los responsables de su ejecución y la inversión requerida para su cumplimiento.

Otro de los puntos críticos del requerimiento es la necesidad de incentivar la contratación directa en el mercado de energía. La Procuraduría y la Contraloría solicitaron que el Ministerio de Minas presente una estrategia que detalle las acciones previstas para fomentar esta modalidad, especificando objetivos, riesgos, tareas y recursos destinados a su implementación. Esta medida busca mejorar la estabilidad del sector eléctrico y garantizar que los generadores tengan un marco contractual más claro y eficiente.

En el ámbito de los hidrocarburos, se requirió información sobre las medidas conjuntas que se están llevando a cabo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para fomentar la exploración de petróleo y gas. En particular, se espera que la cartera precise las acciones en curso, los alcances de estas, el tiempo estimado para su efectividad y los funcionarios responsables de su ejecución.

La carta enviada por la Contraloría y la Procuraduría establece un plazo de cinco días para la entrega de la información requerida. De no cumplirse con esta exigencia en el tiempo estipulado, el Ministerio de Minas podría enfrentar nuevas acciones de vigilancia y control por parte de las entidades encargadas de velar por la gestión fiscal y administrativa del país.

Este llamado de atención refleja la creciente preocupación por la sostenibilidad del sector energético y la correcta ejecución de los recursos públicos destinados a su fortalecimiento. Las empresas distribuidoras de electricidad, por su parte, mostraron su inquietud ante la demora en los giros y advirtieron sobre posibles afectaciones en el suministro de energía si no se garantiza una solución oportuna.

Con este nuevo requerimiento, la administración del ministro Andrés Camacho se enfrenta a un reto clave en materia de transparencia y eficiencia en la gestión del sector minero-energético, en un momento en el que la estabilidad del sistema eléctrico nacional es una prioridad para el país.