Más de 20 comunidades están en riesgo en Antioquia: la minería ilegal amenaza la estabilidad de la hidroeléctrica Porce III

Un jarillón construido de manera irregular en el cauce del río Porce ha encendido las alarmas en Antioquia, donde las actividades de minería ilegal que ha generado graves consecuencias ambientales y estructurales.

Según informó Empresas Públicas de Medellín (EPM), estas prácticas no autorizadas afectan la estabilidad de la hidroeléctrica Porce III, lo que podría derivar en riesgos significativos para las comunidades ubicadas aguas abajo. La situación ha sido catalogada como crítica por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia y autoridades locales de los municipios de Anorí y Amalfi.

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De acuerdo con el comunicado emitido por EPM, las actividades mineras ilegales se están llevando a cabo en terrenos pertenecientes a la empresa, lo que produce inestabilidad en los taludes y amenaza la infraestructura de la central hidroeléctrica. Este panorama no solo compromete el funcionamiento de Porce III, también pone en peligro a 21 poblaciones distribuidas en los municipios de Amalfi, Anorí, Nechí, El Bagre y Zaragoza. Las autoridades han advertido que, de no tomarse medidas inmediatas, las consecuencias podrían ser devastadoras para estas comunidades.

El impacto de la minería ilegal no se limita a la infraestructura de Porce III. Según detalló EPM, el río Porce experimenta alteraciones significativas debido a estas actividades. Entre los problemas identificados se encuentra un aumento en la probabilidad de movimientos en masa y avenidas torrenciales, fenómenos que podrían intensificarse si no se controla la situación. En respuesta, se ha decidido iniciar el desmonte del jarillón construido de manera irregular por los mineros en el cauce del río.

Sin embargo, esta medida también conlleva una variedad de riesgos. El desmonte del jarillón podría provocar un incremento temporal en los caudales del río Porce, por lo que afectaría de manera directa a las diversas comunidades que se encuentran situadas aguas abajo. Las autoridades han señalado que este proceso será monitoreado de cerca para reducir los impactos negativos y garantizar la seguridad de la población.

Ante la gravedad de los hechos, Empresas Públicas de Medellín ha emprendido acciones legales contra los responsables de las actividades mineras ilegales. La empresa busca que estas explotaciones sean desmanteladas para poder llevar a cabo las acciones de mitigación necesarias. Además, estas medidas incluyen la estabilización de los taludes y la reparación de los daños ocasionados en la infraestructura de Porce III, con el objetivo de evitar mayores afectaciones.

EPM también destacó la importancia de actuar con rapidez para proteger tanto la central hidroeléctrica como a las comunidades que dependen de ella. Según la empresa, garantizar la estabilidad de Porce III es fundamental no solo para la generación de energía, sino también para la seguridad de las poblaciones que podrían verse afectadas por un eventual colapso de la infraestructura.

La situación en el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño pone de manifiesto la necesidad de una acción coordinada entre las autoridades locales, regionales y nacionales. Según lo informado por EPM y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, la minería ilegal no solo representa un problema ambiental, ya que además es un riesgo significativo para la vida y el bienestar de miles de personas.

Finalmente, las autoridades han instado a los responsables de estas actividades a cesar sus operaciones y han reiterado su compromiso de trabajar en soluciones que permitan mitigar los daños ya ocasionados. Mientras tanto, las comunidades afectadas permanecen en alerta, conscientes de los peligros que representa la actual y delicada situación que atraviesa Porce III y el río Porce.