El presidente Gustavo Petro solicitó que se aplique la Ley 2292 de 2023 para permitir que Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, pueda salir diariamente de la cárcel.
Sin embargo, expertos legales señalaron que la influencer no cumple con los requisitos establecidos por esta normativa. La discusión se centra en si Barrera puede ser considerada madre cabeza de familia y si su condena por daño a bienes públicos encaja dentro de los supuestos de la ley.
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La petición del mandatario se produjo tras un mensaje enviado por Barrera desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde cumple una condena de cinco años y dos meses por actos vandálicos cometidos durante el violento paro nacional de 2019.
En una entrevista con Noticias RCN, la empresaria solicitó la ayuda del presidente para obtener su libertad, lo que llevó a Petro a pedir a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que gestionara la aplicación de la ley. Sin embargo, la viabilidad de esta medida ha generado un intenso debate jurídico y social.
La Ley 2292, promulgada en julio de 2023, busca beneficiar a mujeres cabeza de hogar que se encuentren en prisión por delitos cometidos en condiciones de marginalidad. Según esta normativa, las penas de cárcel pueden ser sustituidas por servicios comunitarios, permitiendo a las beneficiarias continuar con sus responsabilidades familiares.
Estos servicios deben realizarse en el municipio de residencia de la condenada y pueden implicar jornadas de trabajo de entre cinco y 20 horas semanales, sin exceder las ocho horas diarias.
Para acceder a este beneficio, las mujeres deben cumplir tres condiciones principales: ser madres cabeza de familia, haber cometido delitos relacionados con hurto o tráfico de estupefacientes con penas menores a ocho años, y haber delinquido en circunstancias de marginalidad que afectarán la manutención del hogar.
Además, la ley excluye a quienes hayan sido condenados por otros delitos en los cinco años anteriores o tengan antecedentes por conductas punibles distintas a las contempladas en la normativa.
De acuerdo con el análisis del profesor Norberto Hernández, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, Daneidy Barrera no cumple con los criterios establecidos en la Ley 2292.
Hernández explicó a Cambio que Barrera no puede ser considerada madre cabeza de familia, ya que su compañera sentimental podría asumir el cuidado de la menor de edad.
“No se aplicaría la Ley 2292/23 porque no se cumplen los siguientes criterios: (i) no es una mujer cabeza de familia, (ii) la comisión del delito no estuvo asociada a condiciones de marginalidad que afectaran la manutención del hogar”, dijo el abogado en entrevista con Cambio.
Además, señaló que el delito por el que fue condenada, daño a bienes públicos, no está contemplado en la normativa, que se enfoca en delitos como hurto y tráfico de estupefacientes.
Sin embargo, el abogado penalista Iván Cancino indicó que Epa Colombia podría tener una rebaja en su pena en el momento de cumplir las 3/5 partes de la condena, lo que significa que esto se daría cuando la mujer cumpla aproximadamente 3 años en prisión, aunque se le otorgarían permisos de salida del centro de reclusión al cumplir 18 meses de la condena.
“Eso depende sobre todo del juez de ejecución de penas, realmente las 3/5 partes son alrededor de 37 o 38 meses con la condena, además, a ella por estudio y trabajo se le puede rebajar en el peor de los casos, por tres días de trabajo uno de prisión, de tal manera podemos estar hablando que en 24 meses tendría derecho a la libertad condicional, poco después de los 18 ya tendría otras circunstancias como los permisos de 72 horas”, explicó Cancino en entrevista con Cambio.
Así mismo, el anterior abogado de Barrera, Omar Ocampo, sostuvo que la influencer sí es madre cabeza de familia, argumentando que la Corte Suprema de Justicia no tuvo en cuenta que Barrera es madre de una menor de nueve meses. Este punto generó una controversia sobre la interpretación de la ley y las condiciones familiares de la también empresaria.
Daneidy Barrera Rojas fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por actos vandálicos cometidos durante el paro nacional de 2019, específicamente por daños a bienes públicos en el sistema de transporte Transmilenio. Desde entonces, su caso ha sido objeto de debate público, especialmente por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que cuestionó la severidad de la pena impuesta.
En un consejo de ministros televisados, Petro afirmó que Barrera fue castigada con mayor rigor debido a su origen popular y su exposición mediática. “A Epa la castigan por ser una joven popular y pobre, por levantarse y protestar en un momento en que los jóvenes estaban protestando”, expresó el mandatario. Además, Petro comparó su caso con el de otros funcionarios que, según él, no han sido investigados por delitos más graves.
El presidente también destacó que Barrera restituyó el daño causado al bien público, en este caso un vidrio, y sugirió que su condena fue desproporcionada en comparación con otros casos. Sin embargo, más allá de estas consideraciones, la posibilidad de que Barrera acceda a la libertad bajo la Ley 2292 depende estrictamente del cumplimiento de los requisitos legales.
La controversia también reavivó el debate sobre la proporcionalidad de las penas en Colombia y el tratamiento diferenciado que reciben las personas según su origen social y nivel de exposición mediática. Aunque la Ley 2292 fue diseñada para beneficiar a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, su aplicación en el caso de Barrera enfrenta obstáculos legales que podrían dificultar su implementación.
En este contexto, el futuro de Daneidy Barrera sigue siendo incierto, mientras las autoridades evalúan si es posible aplicar la normativa en su caso. Por ahora, el debate continúa, con opiniones divididas sobre si la empresaria cumple o no con los requisitos establecidos por la ley.
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