El incumplimiento en el pago de las cesantías, cuyo plazo se vence el 14 de febrero, puede generar graves consecuencias tanto para los empleadores que no las consignen a tiempo, como para los trabajadores que no podrían hacer uso de este dinero para los casos que la ley estipula.
Según la Ley 50 de 1990, si un empleador no consigna el monto correspondiente a las cesantías en el fondo elegido por el trabajador, deberá pagar una multa equivalente a un día de salario por cada día de retraso.
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Además, si no fueron transferidos los intereses antes del 31 de enero, la empresa estará obligada a pagar el doble del porcentaje establecido, es decir, un 24% en lugar del 12%.
De acuerdo con información publicada por el Ministerio de Justicia, el primer paso recomendado para los trabajadores que enfrentan esta situación es intentar llegar a un acuerdo directo con su empleador.
Sin embargo, si esta vía no resulta efectiva, existen mecanismos legales y administrativos que pueden activarse para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.
Si no se logra un acuerdo con el empleador, los trabajadores pueden acudir a un inspector de trabajo, que es un funcionario del Ministerio del Trabajo encargado de brindar asesoría, recibir quejas por incumplimientos y facilitar procesos de conciliación.
Este procedimiento puede incluir negociaciones sobre indemnizaciones, así como la forma y el plazo para el pago de las cesantías adeudadas.
Para iniciar este trámite, los trabajadores afectados pueden comunicarse al número gratuito 01 8000 513 100 o a la línea de atención del Ministerio de Trabajo marcando el 120 desde un celular.
En caso de que no haya inspectores de trabajo disponibles, el empleado puede recurrir a la Defensoría del Pueblo, al Personero Municipal o a los consultores jurídicos locales.
Se debe tener en cuenta que los inspectores de trabajo no tienen la facultad de ordenar el pago de las prestaciones sociales. Su rol se limita a actuar como mediadores en los procesos de conciliación. Si no se obtiene una respuesta favorable por parte del empleador, el trabajador puede presentar una demanda ante un juez laboral o un juez civil del circuito.
Cuando el monto reclamado no supera los 20 salarios mínimos mensuales, es decir, 26.000.000 de pesos con el salario mínimo vigente en 2024, que es el que se consignaría antes del 14 de febrero de 2025, el trabajador puede presentar la demanda sin necesidad de contratar un abogado. Este recurso legal permite al juez ordenar la consignación del dinero adeudado, garantizando así el cumplimiento de los derechos laborales.
El Ministerio del Trabajo también señala que, en caso de no contar con los recursos para contratar un abogado, los trabajadores pueden acudir a entidades como la Personería , la Defensoría del Pueblo , las inspecciones de trabajo, las casas de justicia o los consultores jurídicos de su municipio para recibir orientación y apoyo en el proceso.
Marco legal que respalda el pago de cesantías
El pago de las cesantías está regulado por varias normativas en Colombia. Entre ellas se encuentran el Código Sustantivo del Trabajo, que en sus artículos 65 y 249 establece las condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación, y la Ley 50 de 1990, que introdujo modificaciones al sistema de cesantías.
Además, la Ley 1610 de 2013 regula aspectos relacionados con las inspecciones de trabajo y los acuerdos de formalización laboral, mientras que el Decreto 3135 de 1968 y el Decreto 1848 de 1969 establecen disposiciones sobre la integración de la seguridad social y el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
Las cesantías son un ahorro obligatorio a carga del empleador, diseñado para brindar un respaldo económico al trabajador en caso de quedar desempleado. Este dinero también puede ser utilizado para otros fines, como la compra de vivienda o el pago de educación. Por ello, el incumplimiento en su pago no solo afecta los derechos laborales, sino que también puede tener un impacto significativo en la estabilidad económica de las familias.
Los trabajadores que se enfrentan a problemas con el pago de sus cesantías deben conocer las herramientas legales y administrativas disponibles para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Desde la conciliación con el empleador hasta la presentación de demandas judiciales, existen múltiples vías para reclamar lo que les corresponde, siempre respaldados por un marco legal sólido y entidades dispuestas a brindar apoyo.
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