En medio del debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, el congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid anunció que radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional sobre presupuestos máximos y el ajuste del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
“He acabado de radicar una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por estar incurriendo en un completo desacato en consecuencia a un fraude contra de una resolución judicial”, sostuvo.
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El representante miembro de la bancada de oposición sostuvo que tomó la decisión de radicar el caso ante el órgano de control, puesto que considera que el ministro Jaramillo se está burlando del Congreso de la República y de los colombianos.
“Si se va a burlar de esta plenaria, esperamos que no se burle de la justicia. Y no lo estoy mandando a decir con terceras personas, lo estoy diciendo aquí de frente, ojalá estuviera aquí de frente porque no ha estado, que quien lo está denunciado soy yo”, sostuvo durante su intervención.
La querella interpuesta por el congresista Cadavid no fue bien recibida por el presidente de la República, Gustavo Petro, que desde Medio Oriente utilizó sus redes sociales para catalogar sus acciones como un ataque de la extrema derecha a su Gobierno.
De igual manera, el jefe de Estado sostuvo que para evaluar la UPC de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se necesita información sobre el uso de los recursos públicos entregados a las aseguradoras y cómo lo han gastado en los últimos tres años.
“Esta es una tropelía de la extrema derecha. Para evaluar la UPC en salud, que es el per cápita que se traslada del presupuesto público a las EPS públicas y privadas, se necesita la información completa del uso de los recursos públicos por parte de las EPS desde el año 2021″, escribió en su cuenta de X.
Incluso, Petro señaló que cuando cuente con esos informes solicitará de manera urgente a sus funcionarios revisar la UPC y hacer los aumentos necesarios.
“Las espero. Con mucho gusto ordeno la revisión de la UPC para EPS, pero sobre la base de información confiable que, por orden de la ley, deben suministrar”.
Así las cosas, el primer mandatario afirmó que la “total información y precio eficiente es el ABC de la economía y bien lo ordenó la Corte Constitucional”.
¿Qué están discutiendo en el debate de la Cámara de Representantes?
En el debate en Cámara el Gobierno busca que se aprueben varios de los puntos polémicos del articulado de la reforma a la salud como la transformación de las EPS en Gestoras de Vida y Salud, las facultades extraordinarias del presidente y el papel ampliado de la Adres, conocida como el “banco de la salud”, en la gestión del sistema.
Sin embargo, la tarea no ha sido fácil, puesto que a falta de dos días para finalizar las discusiones solo han conseguido la aprobación de siete de los 39 artículos necesarios para que el proyecto de ley pase a un tercer debate.
Entre ellos, el artículo 22, que se enfoca en el pago de las prestaciones económicas por maternidad, paternidad e incapacidad derivada de una enfermedad de origen común. En caso tal de que se sancione como ley esta reforma, el Ministerio de Salud tendrá que encargarse de la expedición, reconocimiento y pago de estas prestaciones de la población cotizante.
“Las mujeres y personas gestantes no cotizantes, categorizadas en los niveles A, B y C del SISBÉN o el instrumento de focalización que haga sus veces, recibirán el equivalente a medio salario mínimo mensual legal vigente, durante los tres (3) meses siguientes al parto viable, esta protección alcanzará de manera progresiva los cuatro (4) meses a partir del año 2030″, señala ese apartado.
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