La Cámara de Representantes reanudó el jueves 13 de febrero de 2025 el debate sobre la reforma a la salud, luego de que el Gobierno convocara sesiones extraordinarias en el Congreso del 11 al 14 de febrero con el objetivo de avanzar en la discusión del proyecto. Aunque la plenaria estaba programada para el miércoles 12 de febrero, fue aplazada tras objeciones de la oposición sobre la forma en que se tramitó la convocatoria.
Desde el último debate realizado el 18 de diciembre de 2024, se aprobaron 23 de los 62 artículos de la iniciativa. Ahora, el Gobierno busca que el Congreso avance en la aprobación de los 39 artículos restantes, entre los cuales se encuentran puntos polémicos como la transformación de las EPS en Gestoras de Vida y Salud, las facultades extraordinarias para el presidente y el fortalecimiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
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Durante la sesión, los congresistas centraron el debate en los artículos del título III, que regulan la gestión de los recursos financieros del sistema de salud. Uno de los puntos más controvertidos ha sido el rol ampliado de la Adres, que se convertiría en el pagador único del sistema, con la responsabilidad de gestionar fondos, realizar pagos directos a prestadores y supervisar el uso de los recursos públicos.
Cathy Juvinao rechaza “superpoderes” de la Adres en la reforma a la salud
En medio de la discusión sobre la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, la congresista Cathy Juvinao expresó su rechazo a las disposiciones que otorgarían mayores facultades a la Adres, particularmente en lo relacionado con el pago directo a los prestadores de servicios de salud.
Juvinao calificó la reforma como “una absoluta aberración” y advirtió sobre los riesgos de corrupción que implicaría permitir que la Adres pague directamente “mínimo el 85% del valor de las facturas” sin auditorías previas ni controles adecuados. “Podría ser el 99% o podría ser el 100% sin control, sin auditoría, y que solo el 15% restante del valor de esas facturas quede sujeto a controles. Me perdonan, pero eso es una aberración”, enfatizó.
La congresista cuestionó que un Gobierno que promueve la reforma con el argumento de combatir la corrupción proponga un modelo que, en su criterio, debilita los controles sobre el uso de los recursos públicos. “Yo no puedo creer que un Gobierno que dice que esta reforma de la salud es para combatir la corrupción abra semejante boquete”, afirmó.
“Ustedes me están diciendo a mí que la Adres va a pasar de repente a recibir y a gestionar y a revisar y a reportar y a pagar 800 millones de facturas al año, sin que el 85% del valor de toda esa plata sea auditada y controlada”, señaló.
“Lo único que les estamos pidiendo con base en la evidencia, con base en la historia, inclusive con base en la cultura política de este país, es que fortalezcamos los controles en todos los niveles de la ruta de atención y no abramos un boquete”, concluyó.
EPS, Adres y facultades del presidente: los temas álgidos del debate en la Cámara
Pese a la controversia, la plenaria avanzó en la aprobación de nuevos artículos, incluyendo disposiciones sobre financiación y acceso a servicios complementarios, protección económica de cotizantes y poblaciones vulnerables, y fortalecimiento financiero de las instituciones prestadoras de salud. Entre ellos, el artículo 21, que establece servicios sociales complementarios como transporte y hospedaje para pacientes de bajos recursos, y el artículo 22, que regula las prestaciones económicas para madres y padres en licencia de maternidad y paternidad.
Antes de iniciar la discusión del articulado, la oposición presentó una proposición para suspender el trámite hasta que el Ministerio de Salud ajuste la Unidad de Pago por Capacitación (UPC), según lo ordenado por la Corte Constitucional; sin embargo, la solicitud fue negada por la mesa directiva de la Cámara y rechazada en votación con 31 votos a favor y 58 en contra.
El proyecto de reforma a la salud debe superar este segundo debate en la Cámara de Representantes para luego ser discutido en la Comisión Séptima del Senado y, posteriormente, en la plenaria del Senado. En caso de ser aprobado en ambas instancias, podría requerir conciliación antes de ser sancionado por el presidente Gustavo Petro.
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