Se cumplen dos semanas desde que el caso de Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, generó un intenso debate en el ámbito jurídico y en la opinión pública luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera enviarla a prisión.
La influencer y empresaria fue trasladada el pasado 30 de enero a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, donde cumple una condena de 5 años y 2 meses de prisión.
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Sin embargo, en la mañana de este miércoles 12 de febrero se conocieron nuevos detalles de la estrategia que adoptará la creadora de contenido, después de que decidiera sustituir a su abogado anterior, Ómar Ocampo, por Francisco Bernate, un reconocido penalista con experiencia en asuntos económicos y de administración pública.
Bernate, quien también preside el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, asumió el caso con el objetivo de explorar nuevas estrategias jurídicas que permitan a Barrera cumplir su condena bajo condiciones menos restrictivas.
El abogado explicó en una entrevista con Caracol Radio que su enfoque principal será solicitar al juez de ejecución de penas que considere la condición de Barrera como madre cabeza de hogar.
Según detalló, su núcleo familiar depende de su trabajo, y su empresa genera ingresos para miles de personas que podrían verse afectadas por su reclusión.
“Esperamos que se le sea reconocida su condición de madre, cabeza de hogar, y podamos tenerla en casa lo más pronto posible”, afirmó Bernate.
Además, el abogado hizo énfasis en que desde que asumió el caso ha iniciado las acciones legales pertinentes, incluyendo una solicitud formal para acceder al proceso y contrarrestar las tutelas presentadas previamente por la defensa anterior.
“Ella es madre cabeza de hogar, su núcleo familiar depende de su trabajo, y también invitar al juez a considerar los intereses de miles de personas que reciben un sustento de la empresa de Daneidy y podrían perderlo”, comentó el togado.
Estas tutelas, según explicó, buscan que la hija de Barrera sea ingresada a prisión junto a su madre, una medida que Bernate considera inadecuada. “La lógica no es que el niño tenga que ir a la cárcel con su mamá, es hacer todo lo posible para que la mamá pueda estar, en su casa, con su hijo”, puntualizó en el medio radial.
La sentencia, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, responde a los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial, e instigación a delinquir con fines terroristas, cometidos durante las protestas sociales de 2019.
Según se conoció, el equipo de defensa de Barrera también contará con el apoyo del jurista Víctor Mosquera, conocido por su experiencia en tribunales internacionales.
Este movimiento busca llevar el caso a instancias globales, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El objetivo de esta acción es identificar posibles irregularidades en el proceso judicial llevado a cabo en Colombia y alegar violaciones a los derechos fundamentales de Barrera.
La defensa espera que estas instancias emitan medidas cautelares que permitan revisar o incluso anular la condena. Este enfoque internacional podría marcar un precedente en la forma en que se abordan casos similares en el país.
Por otro lado, Bernate ha insistido en que el debate debe mantenerse en el ámbito jurídico, dejando de lado las opiniones personales sobre la dureza de la pena. “Siento que tengo argumentos jurídicos y ese es el nivel de debate que hay que dar acá”, declaró en entrevista con Caracol Radio.
La influencer, quien pasó de ser una figura polémica en redes sociales a una empresaria exitosa, ha construido una marca que emplea a miles de personas.
Según su defensa, la continuidad de esta empresa podría estar en riesgo debido a su encarcelamiento, lo que afectaría no solo a su familia, sino también a un amplio grupo de trabajadores y sus familias.
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