La inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana sigue incrementando, afectando a diferentes sectores. Entre las víctimas de este fenómeno se encuentran los docentes, quienes denunciaron ser blanco de extorsiones en barrios del suroriente de la ciudad.
Según informó la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla (Adeba), al menos siete profesores reportaron haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de presuntos grupos delincuenciales.
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De acuerdo con la asociación, los casos se concentran en localidades como La Chinita, La Luz y Rebolo, áreas que han enfrentado altos índices de criminalidad.
En estas zonas, los docentes han sido contactados a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso mediante encuentros presenciales, en los que se les exige dinero bajo amenazas.
Según José Ignacio Jiménez, presidente de Adeba, los maestros deben pagar entre $1.000 y $5.000 diarios para acceder a las instituciones donde laboran, lo que se traduce en una “vacuna” mensual de alrededor de $20.000 por docente.
“Es inaceptable que, además de los bajos salarios y las difíciles condiciones laborales, los profesores deban destinar parte de su salario a garantizar su seguridad. Esta situación genera temor e incertidumbre entre los educadores, quienes muchas veces optan por no denunciar por miedo a represalias”,indicó el funcionario.
Los docentes también han reportado amenazas directas cuando se niegan a ceder ante estas extorsiones. Algunos han recibido panfletos intimidatorios, llamadas anónimas o incluso han sido perseguidos cerca de los colegios. Esta situación ha provocado que varios educadores soliciten traslados o incluso abandonen sus cargos.
Por su parte, la subteniente Doris Meza, integrante del Gaula de la Policía de Barranquilla, reveló a RCN Radio que se adelanta una labor de prevención, como también de investigación judicial con estos casos.
“Venimos realizando con todas las instituciones educativas de la metropolitana de Barranquilla, las jornadas comprende el acompañamiento a cada uno de los docentes y también a los padres de familia”, señaló la oficial.
De esta manera, las autoridades locales han informado sobre operativos destinados a combatir la extorsión en la región. La Policía Metropolitana de Barranquilla ha intensificado los patrullajes en las zonas afectadas y habilitado líneas de atención para recibir denuncias anónimas.
No obstante, el miedo a represalias sigue siendo un obstáculo, ya que muchas víctimas optan por no denunciar.
“La comunidad debe confiar en las instituciones y reportar estos delitos. Estamos colaborando con la Fiscalía para desarticular estas bandas y restaurar la seguridad en la zona”, afirmó la institución.
Extorsión, un problema creciente en Barranquilla
La situación de los docentes es solo una parte de un problema más amplio que afecta a diversos sectores de la población en Barranquilla. Comerciantes, transportistas y otros trabajadores también han sido víctimas de extorsiones, lo que evidencia un incremento en las actividades delictivas relacionadas con este fenómeno.
Según las denuncias, los grupos delincuenciales utilizan tácticas similares para intimidar y obtener recursos económicos de sus víctimas, lo que ha generado un clima de temor generalizado en la ciudad.
¿Cómo denunciar si es víctima de extorsión?
Las personas afectadas por extorsión pueden comunicarse a la línea antiextorsión 165 o a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional.
El Ministerio de Justicia recomienda denunciar de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación si se es víctima de extorsión o se conoce a alguien en esta situación. La denuncia puede presentarse de manera verbal o escrita, con una descripción clara y breve de los hechos.
Esta entidad recibe los reportes a través de distintos centros de atención, como las Salas de Recepción de Denuncias, las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las Casas de Justicia.
Si la víctima no puede acudir de inmediato a la Fiscalía, se aconseja dirigirse al cuadrante de la Policía Nacional más cercano.
“Si existe un peligro inminente contra la vida, integridad, libertad o seguridad personal, ya sea por el cargo que se ocupa o por otras circunstancias, se pueden solicitar medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección o la Fiscalía General de la Nación”, señala el Ministerio.
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