Pacientes Colombia cuestionó al Gobierno por “desatender” la crisis en el sistema de salud: “¿Cuál es el afán de ‘pupitrear’ la reforma?”

El movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a 199 organizaciones de pacientes en todo el país, manifestó su preocupación ante lo que considera un incumplimiento sistemático del Ministerio de Salud en relación con los autos de la Corte Constitucional que ordenan el reajuste a la unidad de pago por capitación (UPC).

En un llamado urgente, solicitaron al alto tribunal que actúe frente a los desacatos del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y se garantice el cumplimiento de los mandatos establecidos.

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Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, expresó su preocupación por la falta de convocatoria de actores clave del sistema de salud a las mesas de trabajo que el Ministerio debía organizar por orden de la Corte Constitucional: “Vemos con preocupación que ningún actor del sistema de salud ha sido convocado a las mesas que el ministro de Salud fue requerido a convocar por la Corte Constitucional, pero sí se citaron las sesiones extraordinarias en la plenaria de la Cámara de Representantes para avanzar en la discusión y pupitrear la reforma a la salud”.

Desde la organización denuncian que el retraso en el pago de los presupuestos máximos está afectando gravemente a los pacientes. Según lo determinado por la Corte, el ministerio no ha transferido los recursos correspondientes al reajuste de los Presupuestos Máximos de la vigencia 2024, lo que representa una deuda de $819.000 millones, además del pago de los giros corrientes de noviembre y diciembre del año pasado. También advirtieron que la asignación de 502.000 millones de pesos para 2025 solo cubre el 17% de los requerimientos proyectados, lo que agrava aún más la crisis financiera del sistema.

“Como sociedad civil, creemos que la salud de los pacientes no puede esperar y se requieren soluciones inmediatas, porque los presupuestos máximos insuficientes y los retrasos sistemáticos en el pago amenazan la vida de las personas que no han podido continuar con sus tratamientos, lo que afecta su calidad de vida”, subrayó Silva.

El auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional declaró el “incumplimiento general” del requisito de suficiencia de la UPC para 2024 y ordenó al Ministerio recalcular este indicador para 2025. A pesar de esta determinación, Pacientes Colombia ha denunciado que el ministerio busca dilatar el cumplimiento de la orden judicial. En una carta enviada a los magistrados, afirmaron que el despacho de Jaramillo está implementando una estrategia para invalidar el mandato del alto tribunal.

“La postura del ministerio busca dilatar el cumplimiento de las órdenes y generar inseguridad jurídica que, de implementarse, pondría en riesgo la financiación del sistema de salud y el acceso a tratamientos esenciales para los pacientes”, advirtió Pacientes Colombia en la misiva.

Además, acusaron a la cartera de salud de extralimitarse en sus funciones al cuestionar la decisión de la Corte sin justificación técnica clara. Según la organización, el Ministerio argumenta dificultades inexistentes para no proceder con el cálculo de la UPC, lo que podría tener consecuencias graves para la financiación del sistema.

El 11 de febrero es la fecha límite impuesta por la Corte Constitucional para que el ministerio convoque a las mesas de trabajo necesarias para ajustar el cálculo de la UPC. Sin embargo, los gremios de pacientes han señalado que, hasta el momento, no han recibido ninguna convocatoria por parte del ministro Jaramillo.

De no cumplirse la orden, la Corte Constitucional podría imponer sanciones que van desde multas económicas hasta medidas más drásticas como una orden de arresto. “Se podrían ver acarreados cualquiera de los siguientes escenarios. En primer lugar, que le hagan un seguimiento a la ejecución y, en virtud de no encontrar acciones concretas, vengan sanciones desde lo disciplinario, compulsa de copias, desde lo económico, entre otros. Pero en el mayor, o peor de los casos, inclusive se podría ver abocados a una conducta contemplada en el Código Penal denominada fraude a resolución administrativa o judicial”, explicó Juan Sebastián Duque, abogado constitucionalista, en declaraciones a Noticias RCN.

Con este panorama, el futuro del sistema de salud en Colombia sigue en incertidumbre, mientras miles de pacientes esperan respuestas concretas por parte del Gobierno. Pacientes Colombia reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los pacientes y exhortó al Ministerio de Salud a cumplir con las órdenes judiciales para evitar que la crisis se profundice aún más.