Juez aprobó preacuerdo entre la Fiscalía y “el Pastuso”, pieza clave en el escándalo de la Ungrd: tendrá que devolver más de $7 mil millones

Un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se cerró con la aprobación del preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Luis Eduardo López Rosero, conocido como “el Pastuso”.

El contratista aceptó su responsabilidad en los delitos imputados y se comprometió a devolver más de 7.722 millones de pesos apropiados de manera irregular, según Semana.

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La jueza sexta penal especializada de Bogotá, Claudia Alexandra Herrada González, validó el acuerdo en el que López Rosero, representante de la empresa Impoamericana Roger S.A.S., aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y falsedad en documentos públicos y privados.

Como parte del trato, cumplirá una condena de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión en una guarnición militar en Pasto, según lo solicitado por su defensa, de acuerdo al medio citado.

El caso, que ha generado gran atención pública, gira en torno a un contrato firmado en octubre de 2023 por un valor de 46.800 millones de pesos, destinado a la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua a comunidades vulnerables de La Guajira. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los vehículos nunca cumplieron su propósito y terminaron abandonados en un parqueadero.

López Rosero confesó su participación en un entramado de corrupción dentro de la Ungrd, donde, junto con altos funcionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla, estructuró un esquema para desviar recursos públicos. Según la Fiscalía, el contratista utilizó tres empresas registradas a su nombre para simular un proceso de selección de proveedores y garantizar la adjudicación de contratos fraudulentos.

Según RCN Radio, además de López Rosero, otros exfuncionarios y contratistas de la Ungrd han aceptado cargos y pactado acuerdos con la Fiscalía. Entre ellos se encuentran:

• Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Ungrd, quien aceptó los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Recibirá una condena de 7 años, 1 mes y 12 días, y deberá devolver 724 millones de pesos.
• Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de la entidad, cumplirá una pena de 6 años, 6 meses y 9 días, además de restituir 618 millones de pesos.
• Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la Ungrd, será condenado a 4 años, 10 meses y 19 días, con la obligación de reintegrar 1.000 millones de pesos.
• Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento de la Ungrd, aceptó los delitos de peculado y soborno. Su pena será de 3 años, 7 meses y 13 días, y deberá pagar 150 millones de pesos.
• Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado que intentó sobornar a Sneyder Pinilla, aceptó el delito de soborno y cumplirá una pena de 5 años y 3 meses de prisión.

Otro escándalo sacude a la Ungrd luego de que se revelara que contratos por un valor de 4.500 millones de pesos colombianos habrían terminado en manos de personas relacionadas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado ilegal.

Según informó W Radio, documentos y testimonios apuntan a que estos contratos fueron adjudicados durante la dirección de Olmedo López, quien renunció a su cargo en medio de las acusaciones.

Las denuncias han sido negadas por el presidente Gustavo Petro, pero las pruebas conocidas por el medio han encendido las alarmas sobre posibles irregularidades en la contratación estatal.

De acuerdo con W Radio, los contratos en cuestión fueron entregados en 2023 a Jhon Freddy García Beltrán, un contratista del departamento de Arauca. García Beltrán tiene vínculos familiares y laborales con miembros del ELN, incluyendo a Jhony Alexander Bello Ortega, capturado en 2019 por pertenecer a esta guerrilla, y a alias Garganta, uno de los líderes más temidos del grupo armado.

Además, García Beltrán es esposo de Shirley García, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en Arauca, y también sobrina de alias Garganta. Estas conexiones han generado cuestionamientos sobre la transparencia en la adjudicación de los contratos.

Según los documentos obtenidos por W Radio, los contratos adjudicados a García Beltrán estaban destinados a la provisión de maquinaria amarilla en Arauca, una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales.

En febrero de 2024, Olmedo López envió un correo a la Fiduprevisora solicitando el desembolso de los pagos correspondientes a estos contratos. Sin embargo, el proceso quedó congelado debido al escándalo de los carrotanques en La Guajira, otro caso de presuntas irregularidades en la contratación de la Ungrd.

Tras la renuncia de López, asumió la dirección de la entidad Carlos Carrillo, quien inicialmente se negó a autorizar el pago de los contratos. No obstante, según reportó W Radio, Carrillo habría recibido presiones desde la Presidencia de la República para proceder con el desembolso.

Finalmente, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, los pagos fueron realizados en su totalidad, a pesar de las denuncias sobre los vínculos de García Beltrán con el ELN.