Gobierno Petro propuso reforma histórica para garantizar el sistema de financiamiento de las universidades públicas

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, presentó un proyecto de ley que busca transformar el modelo de financiamiento de la educación superior pública en Colombia. De acuerdo con la cartera, la iniciativa, denominada Acuerdo Nacional por la Educación Superior, propone modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Con dicha modificación el ministerio pretende para garantizar recursos sostenibles y adecuados a las universidades públicas, así como a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales. El proyecto será debatido en el primer periodo legislativo de 2025 y se perfila como un paso crucial para fortalecer el sector educativo en el país.

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El ministerio aclaró que el proyecto de ley tiene como objetivo principal establecer un modelo de financiamiento progresivo que permita a las instituciones educativas contar con recursos suficientes para su operación y expansión.

Entre las medidas propuestas, destaca un ajuste presupuestal basado en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), dependiendo de cuál sea mayor. Además, se planteó un incremento gradual de la inversión en educación superior pública, con la meta de alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en un plazo de 15 años, acercándose a estándares internacionales.

Igualmente, el proyecto de Ley incluye una serie de medidas diseñadas para transformar el panorama de la educación superior en Colombia. Según detalló la entidad nacional, una de las prioridades es la expansión de la oferta educativa en los más de 800 municipios que actualmente no cuentan con instituciones de educación superior. Esto busca reducir las brechas territoriales y sociales, permitiendo que más jóvenes accedan a programas académicos de calidad.

Otra de las propuestas destacadas es el fortalecimiento de las condiciones laborales y académicas de los docentes, así como la implementación de medidas para mejorar el bienestar universitario de los estudiantes. Entre estas, se incluyen protocolos efectivos para combatir la violencia de género en las instituciones educativas. Asimismo, se destinarán recursos adicionales para proyectos de infraestructura y planes de fortalecimiento de la calidad educativa.

El modelo de financiamiento también contempla la sostenibilidad de las nuevas sedes y seccionales que se creen como parte de la expansión de la oferta educativa. El ministerio indicó que los aportes a las instituciones se calcularán con base en el presupuesto asignado a cada una y se ajustarán anualmente según el Ices o el IPC, garantizando así un crecimiento presupuestal acorde con las necesidades del sector.

En cuanto a la audiencia, la cartera informó que el Congreso de la República anunció la realización de los encuentros públicos a partir del 17 de febrero de 2025 en Bogotá. Las sesiones permitirán a estudiantes, docentes, rectores y ciudadanos en general expresar sus opiniones y contribuir al diseño final del proyecto de ley.

El Ministerio de Educación sumó que ese tipo de proceso busca consolidar un consenso nacional en torno a la educación superior, involucrando a diversos sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Por su parte, el ministro José Daniel Rojas Medellín destacó la importancia de esta reforma para saldar una deuda histórica con la educación pública en Colombia.

El ministro afirmó que: “Sabemos que nos queda mucho por recorrer, pero este Acuerdo Nacional nos une como colombianos. La educación superior es la base del desarrollo del país y debemos garantizar su financiamiento adecuado”.

Finalmente, la cartera explicó que el proyecto de ley establece que, en su primer año de aplicación, se asignarán recursos equivalentes al 0,05% del PIB desde el Presupuesto General de la Nación para fortalecer la base presupuestal de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales.

Los recursos estarán destinados a aumentar el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, con el fin de reducir las desigualdades sociales y territoriales. Igualmente, se priorizará el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la oferta educativa, el fortalecimiento de la planta docente y administrativa, y el bienestar institucional.