La Fiscalía General de la Nación anunció el archivo de la denuncia por prevaricato presentada contra siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que habían formulado cargos contra la campaña ‘Petro Presidente’, en 2022, liderada por el hoy mandatario, Gustavo Peto, por presuntas irregularidades en su financiación. La decisión, confirmada por la fiscal Marcela Abadía, determinó que no hubo actuación ilegal por parte de los funcionarios investigados.
Según explicó la fiscal Abadía, la decisión de los magistrados del CNE de abrir una investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro no puede calificarse como arbitraria ni ilegal, por lo que no constituye un delito de prevaricato.
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“No fue ni arbitraria, ni caprichosa, ni contraria a la ley”, precisó la funcionaria, al tiempo que destacó que las acciones de los magistrados se enmarcaron dentro de sus funciones de control electoral.
El organismo investigador había iniciado un análisis detallado sobre los magistrados luego de una denuncia presentada por aproximadamente 40 ciudadanos por un posible caso de prevaricato, que ocurre cuando un funcionario público emite una resolución contraria a la ley, pero la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia informó que no se hallaron pruebas para confirmar que los magistrados incurrieran en dicha conducta.
En todo el caso, el archivo del caso favorece a los magistrados Maritza Martínez y Altus Baquero, así como a otros cinco integrantes del CNE que participaron en la formulación de los cargos contra la campaña de Petro.
La formulación de cargos por parte del CNE se dirigió contra la campaña Petro Presidente 2022 en primera y segunda vuelta, vinculando a los movimientos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP). En particular, se señalaron responsabilidades de Gustavo Petro, en su calidad de candidato; Ricardo Roa Barragán, como gerente de campaña; Idemo Alfonso, como tesorera; y María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en su rol de auditores.
El proceso ante la Fiscalía se originó a partir de la denuncia que alegaba una supuesta extralimitación de funciones por parte de los magistrados del CNE, al considerar que carecían de competencia para tomar la decisión de formular cargos; sin embargo, la delegada de la entidad judicial determinó que la actuación del Consejo Nacional Electoral se basó en un trámite previo y debidamente soportado dentro del marco legal, por lo que no existían elementos que configuraran una conducta penal.
“Es básicamente porque este pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral estuvo precedido de todo un trámite investigativo preliminar, debidamente soportado en el ordenamiento legal vigente, y básicamente porque, en términos penales y punitivos, no fue ni arbitraria”, dijo la fiscal.
Con el archivo del caso, se cierra una investigación que había generado expectativa en el ámbito político y jurídico, en medio del escrutinio sobre la transparencia y la legalidad de las actuaciones de las autoridades electorales. La decisión de la Fiscalía refuerza el criterio de que los magistrados del CNE actuaron dentro del ejercicio de sus funciones y conforme a las disposiciones legales vigentes.
Esta fue la investigación que adelantó el CNE de la campaña de Petro
La Sala Plena del CNE formuló cargos contra el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa, gerente de su campaña y actual presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022.
La investigación incluyó a la organización Colombia Humana, auditores de la campaña y partidos de la coalición Pacto Histórico. Entre los aspectos cuestionados están pagos no reportados a testigos electorales, financiamiento de vuelos sin declarar, gastos en publicidad no documentados y donaciones no registradas.
En la primera vuelta, la campaña reportó gastos de 28.384 millones de pesos, ligeramente por debajo del límite de 28.536 millones de pesos. En la segunda vuelta, los gastos fueron de 13.169 millones de pesos, también por debajo del tope de 13.347 millones de pesos.
El CNE revisará los informes financieros de la campaña, que reportó gastos cercanos al límite permitido. Además, se examinará información revelada por Nicolás Petro sobre dinero no declarado en el Caribe y el papel de Xavier Vendrell en la estrategia electoral.
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