Proyecto de autonomía fiscal impulsado por la Gobernación de Antioquia recogió todas las firmas, certificó la Registraduría: lo que sigue ahora

En el caso de Antioquia, la implementación de esta medida significaría un aumento en su participación dentro del Sistema General de Participaciones (SGP), pasando de 6 billones a 9 billones de pesos

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Este proyecto busca que los
Este proyecto busca que los departamentos del país aumenten hasta en un 50% sus ingresos, permitiéndoles una mayor autonomía en la administración de los recursos - crédito Canva

El Referendo por la Autonomía Fiscal obtuvo, guiado por su comité, la cantidad de firmas requeridas para avanzar en su trámite. La Registraduría Nacional avaló un total de 2.184.548 rúbricas, superando las 2.027.199 necesarias para que la iniciativa siga su curso hacia el Congreso de la República.

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Este proyecto busca que los departamentos del país aumenten hasta en un 50% sus ingresos, permitiéndoles una mayor autonomía en la administración de los recursos y reduciendo la dependencia de las decisiones centralizadas en el Gobierno Nacional.

“Colombia ha dado el primer paso a un cambio profundo. Seremos un país unido y fuerte en su diversidad. Las regiones dejarán de estar relegadas y pasarán a la vanguardia. La autonomía fiscal es un paso muy importante para consolidar la descentralización de verdad”, afirmó Juan Guillermo Zuluaga, vocero del comité promotor.

 Actualmente, el departamento contribuye
Actualmente, el departamento contribuye con 14 billones de pesos en impuestos de renta y patrimonio a la Nación, sin recibir una proporción equitativa de esos recursos - crédito Gobernación de Antioquia

Antioquia, núcleo de la iniciativa

En el caso de Antioquia, la implementación de esta medida significaría un aumento en su participación dentro del Sistema General de Participaciones (SGP), pasando de 6 billones a 9 billones de pesos. Actualmente, el departamento contribuye con 14 billones de pesos en impuestos de renta y patrimonio a la Nación, sin recibir una proporción equitativa de esos recursos.

El avance del referendo fiscal implica que ahora debe ser presentado ante el Congreso de la República, donde se evaluará su viabilidad. En caso de obtener el respaldo legislativo, la Corte Constitucional deberá revisar su compatibilidad con la Carta Magna. Si supera estos filtros, el presidente de la República tendrá un plazo de seis meses para convocar oficialmente la consulta popular.

Para que la iniciativa prospere en las urnas, será necesario que al menos el 25% del censo electoral participe en la votación, con una mayoría simple a favor de la reforma. Los promotores del referendo esperan que este proceso pueda desarrollarse antes de finalizar el año, permitiendo que la ciudadanía exprese su decisión sobre la descentralización fiscal.

Para que la iniciativa prospere
Para que la iniciativa prospere en las urnas, será necesario que al menos el 25% del censo electoral participe en la votación, con una mayoría simple a favor de la reforma - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido uno de los principales defensores de la propuesta, argumentando que los departamentos requieren mayor autonomía financiera para atender las necesidades de sus comunidades sin depender exclusivamente de las decisiones del Gobierno Nacional. Rendón ha señalado que esta reforma busca fortalecer el legado descentralizador establecido en la Constitución de 1991, impulsando la creación de un fondo de convergencia regional para distribuir equitativamente los recursos.

A nivel nacional, el referendo ha contado con el respaldo de diversas figuras políticas y académicas, entre ellas la exsenadora María del Rosario Guerra y el concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo. La propuesta ha generado un amplio debate en el país, especialmente en departamentos con una alta contribución tributaria que consideran que el actual modelo centralista limita su capacidad de inversión y desarrollo.

Los promotores del referendo esperan
Los promotores del referendo esperan que este proceso pueda desarrollarse antes de finalizar el año, permitiendo que la ciudadanía exprese su decisión sobre la descentralización fiscal - crédito REUTERS/Luisa González

El cambio planteado en la Constitución busca modificar el artículo 298, estableciendo que únicamente los departamentos y el Distrito Capital podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que residan en sus territorios. Además, el recaudo de estos impuestos sería de propiedad exclusiva de los departamentos y su distribución se realizaría bajo criterios de coordinación, equidad, eficiencia y solidaridad territorial.

Este referendo representa un punto de inflexión en la estructura fiscal del país, abriendo la posibilidad de un modelo de descentralización más robusto y equitativo. Sin embargo, su viabilidad dependerá de la respuesta del Congreso, la revisión constitucional y, en última instancia, del respaldo ciudadano en las urnas.

a autonomía regional y garantizar una distribución más eficiente de los ingresos. “Lo que se genera en las regiones, debe quedarse en las regiones”, recalcaron los promotores, destacando la necesidad de un Estado más eficiente y descentralizado.

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